Koldo asegura en una grabación que existía un sistema para blanquear mordidas conocido «por todos los ministros»

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha recogido en su último informe una conversación clave que podría comprometer aún más al núcleo político del Gobierno. En una grabación intervenida en el marco de la investigación sobre la red de mordidas que operó durante la pandemia, Koldo García, exasesor del entonces ministro José Luis Ábalos, asegura con rotundidad que existía un sistema para camuflar comisiones ilegales mediante facturas ficticias y que ese mecanismo era conocido «por todos los ministros».

«Eso lo sabe todo el mundo, si esto lo hacen todos… todos los ministros», dice Koldo según el documento policial. El informe de la UCO subraya la relevancia de esta declaración, porque no se trata de un desahogo sin contexto sino de una confesión espontánea en una conversación donde se detalla con precisión cómo funcionaba el engranaje económico que permitía a la trama cobrar mordidas sin levantar sospechas contables.

Según ha acreditado la Guardia Civil, el procedimiento consistía en que empresas que resultaban beneficiadas con contratos públicos pagaban a sociedades controladas por los miembros de la red facturas por supuestos servicios de asesoría. En realidad, no existía ninguna prestación real. Las asesorías eran una mera tapadera para justificar ingresos millonarios que, según las pesquisas, acababan en bolsillos concretos o en estructuras de partido.

La grabación en la que Koldo detalla este mecanismo tiene aún más valor por el interlocutor. Se trata de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. En el diálogo, Cerdán no solo escucha sin sorpresa la explicación, sino que responde con aparente normalidad. «Es un tema de facturas», contesta Cerdán, dejando entrever que conocía el funcionamiento del sistema.

El asesor de Ábalos explica que el sistema consistía en que una empresa adjudicataria contratara una consultoría externa bajo el paraguas de un servicio técnico, aunque en realidad no se prestara, y que se facturaran trabajos genéricos para justificar pagos millonarios. «Cogen una empresa, cogen una constructora, consultoría externa, una factura, es lo ideal. Cuatro años de consultoría externa, 400.000 euros con factura», dice Koldo, citando incluso el tipo de conceptos que se usaban para maquillar el destino del dinero: «Ampliación de la fosa con cemento tal».

La conversación deja entrever que estas consultorías eran herramientas habituales dentro del sistema para generar retornos económicos ocultos fuera de los cauces administrativos regulares. Cerdán, que escucha la explicación sin oponerse, interviene con un escueto comentario que da por válida la fórmula: «Y si no, te queda la consultoría». Koldo remata la idea refiriéndose a otras personas que también pedían su parte: «La consultoría a equis personas pidiendo 5.000 euros», dando a entender que las mordidas se repartían en pequeñas cantidades justificadas dentro de estos contratos simulados. Para la UCO, este fragmento refleja no solo el funcionamiento operativo de la red, sino también la connivencia entre actores políticos y empresarios para sostener una estructura de financiación paralela y opaca.

El uso de facturas ficticias como vía para blanquear comisiones es una técnica clásica de ocultamiento financiero. En este caso, las sociedades utilizadas por la red emitían recibos por asesorías o informes inexistentes pero que formalmente justificaban transferencias de dinero. Las empresas que abonaban esas cantidades eran adjudicatarias de contratos públicos por valor de millones de euros, la mayoría relacionados con la compra de mascarillas, test y material sanitario durante la emergencia sanitaria.

Aunque la UCO no acredita de forma literal que miembros del Consejo de Ministros participaran directamente en el esquema, sí considera de «extraordinario valor indiciario» esta declaración, precisamente porque surge de un momento de confianza y sin indicios de teatralidad. «Los investigados actúan con un grado de naturalidad que permite concluir que las prácticas eran conocidas, aceptadas y posiblemente compartidas por su entorno político más inmediato», dice el informe.

Además, la conversación se produce mientras Cerdán y Koldo comentan contratos públicos en curso, empresas «muertas» por problemas legales, y pagos pendientes. Se menciona incluso un vuelo vinculado a «ocho millones», en referencia, según los agentes, a una de las adjudicaciones a Soluciones de Gestión, empresa clave en la operativa de la red. El juez aún no ha llamado a declarar a ningún ministro, pero fuentes del caso no descartan que, si la instrucción continúa acumulando este tipo de referencias, puedan abrirse nuevas piezas separadas para investigar posibles responsabilidades políticas por omisión o conocimiento de los hechos.