El eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez
Alvise enmarca en la «crítica política» el presunto acoso en redes a una fiscal
El eurodiputado también ha asegurado ante el instructor que no tenía conocimiento del hostigamiento a la fiscal Gisbert que provocaron sus publicaciones
El líder de Se acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, ha enmarcado en la «crítica política» y en la «libertad de expresión» el presunto acoso en redes sociales a la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación en Valencia, Susana Gisbert, en la declaración voluntaria que ha prestado este viernes ante el Tribunal Supremo (TS) por este asunto.
Así se ha pronunciado en declaraciones a la prensa tras comparecer, durante unos 30 minutos, ante el magistrado Juan Ramón Berdugo, que le ofreció la posibilidad de declarar voluntariamente –un paso habitual en estos casos– al iniciar los trámites para recabar la autorización del Parlamento Europeo para investigarle por presuntos delitos de acoso o de stalking, provocación a delito de atentado contra la autoridad o funcionario público y/u odio a través de redes.
Alvise ha asegurado que, con esos mensajes en redes sociales, «lo único que pretendía era hacer crítica política». «Y es que son personas que quieren meter en prisión a ciudadanos que critiquen la inmigración masiva», ha dicho.
En la misma línea, ha indicado que «ese tipo de cuestiones antes, antaño, eran libertad de expresión». «Hoy tengo que declarar en el Tribunal Supremo. Una de tantas», ha lamentado.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que, además, ha asegurado ante el instructor que no tenía conocimiento del hostigamiento a Gisbert que provocaron sus publicaciones.
En todo caso, en sus declaraciones a la prensa, le ha restado importancia al sostener que, si eso fuera delito, tendría que querellarse contra «absolutamente» todos los medios de comunicación porque por sus noticias recibe «insultos, amenazas y calumnias de diversas índoles, mucho más fuertes que los que dice la fiscal».
El Supremo asumió el caso dada la condición de aforado de Alvise como eurodiputado y al considerar que pudo haber actuado con «intención voluntaria y consciente de comprometer» la vida de Gisbert. En concreto, por unos mensajes difundidos en su canal de Telegram contra ella en 2024 que provocaron que otras personas le remitieran múltiples mensajes amenazantes o insultantes a través de las redes sociales.
En uno de los mensajes difundidos en Telegram se hacía referencia al organigrama de «las personas responsables de la persecución ideológica llamada 'delitos de odio'». «Esta gente es la que nos está multando e intentando meter en prisión a miles de españoles por decir que la masiva inmigración ilegal es una INVASIÓN», manifestaba.
En el mensaje se instaba a buscar las identidades de dichos fiscales y añadía la imagen de Gisbert, a quien señalaba como la responsable de «haber exigido 3 años de prisión y 3.600 euros de multa a quien tuitee la palabra 'inmigración' e 'invasión' juntas».
Para el Supremo, «su llamada a que un grupo cercano a los 40.000 seguidores expresara y desarrollara una animadversión» hacia Gisbert y el hecho de que Alvise «insistiera en esa reacción después de que muchos seguidores hubieran reflejado explícitamente la intención de alterar el normal desarrollo de vida de la fiscal y su familia», «muestra indiciariamente que pudo existir intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera permanente y profunda, el normal desarrollo de la vida cotidiana de su víctima».
El eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, a su llegada al Tribunal Supremo
Asimismo, el tribunal tuvo en consideración que Alvise –además de difundir dos mensajes– permitió «que se difundieran los perfiles que la denunciante tenía en X, Facebook e Instagram», donde estaba recibiendo «insultos y amenazas».
Según explicó, aunque de lo ahora investigado no se refleja que el eurodiputado «cursara directamente coacciones, amenazas o injurias» contra Gisbert, «ello no excluye una eventual responsabilidad criminal por los hechos que son objeto de investigación».
Sobre este extremo, el Supremo indicó que los funcionarios policiales que iniciaron la investigación no pudieron identificar a quienes realizaron comentarios en el canal de Telegram 'Alvise Pérez Chat', pero sí pudieron identificar al administrador del canal: el propio eurodiputado.
