La entrada de la UCO en Ferraz abre la puerta para investigar las sospechas de financiación ilegal del PSOE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil accedía ayer por la mañana, por orden del magistrado Leopoldo Puente a la sede de los socialistas en Ferraz, en el marco del 'caso PSOE' para incautarse de los correos corporativos y de los personales de uso exclusivo del que fuera, hasta hace unos días, el ex secretario de organización, Santos Cerdán. Una actuación que abre la puerta a que el partido, como persona jurídica, pueda ser investigado por financiación irregular.

Aunque inicialmente el auto del juez instructor autorizaba a los agentes a visitar, de manera simultánea y coordinada a la anterior, las instalaciones del Ministerio de Transportes, Adif y la Dirección General de Carreteras, en busca del clonado de los mails del predecesor de Santos Cerdán en el cargo de la formación de Pedro Sánchez, el ex ministro José Luis Ábalos, la realidad es que los indicios deslizados por la policía judicial en su último informa ya deslizaban que existen elementos suficientes para que se abra esta línea de pesquisas en las que se ha dado un paso más con la actuación de este viernes.

No en vano, fuentes consultadas por El Debate señalan cómo la rápida actuación del magistrado Puente apunta en esta dirección, tras levantar el secreto de sumario de la pieza separada que seguía al hilo de la principal, en la que ofreció declarar voluntariamente a un Santos Cerdán que ayer quedaba formalmente imputado y cuyos e-mails fueron clonados en la que fuera la sede del partido que «gestionó» a la vez que, presuntamente, lo hacía con las 'mordidas' de los empresarios de la trama. Una red conformada para adjudicar obra pública ' a dedo' a cambio de comisiones irregulares que, parcialmente, habría ido dirigidas a la formación política para su financiación.

Así las cosas, la imputación del PSOE como persona jurídica, en un delito por el que el partido ya fue condenado en el 'caso Filesa', depende ahora, en buena medida, de la información que los agentes de la UCO sean capaces de extraer de los archivos copiados, así como de las declaraciones que el juez Puente tomará a Ábalos y el que fuera su número dos, Koldo García Izaguirre, este próximo lunes y, unos días más tarde, a Santos Cerdán por estos mismos hechos.

Cabe recordar cómo han sido los audios que Koldo grabó entre los años 2019 y 2023 los que han ido desvelando la punta del iceberg de lo que, a todas luces, se ha señalado como una «organización criminal» concertada para obtener pagos indebidos por contratos públicos que, con posterioridad, se pudieron repartir sus integrantes y de los que supuestamente pudo beneficiarse el propio PSOE, de forma opaca.

Además, al hilo de dichas conversaciones entre Ábalos, Koldo y Santos Cerdán, se destapaba la presunta existencia de un reparto territorial de 'mordidas' por zonas y porcentajes de participación de estos en las mismas, en la línea de las revelaciones formuladas por el principal comisionista de la trama Víctor de Aldama, en su declaración ante el juez instructor Santiago Pedraz, al frente de la causa de los hidrocarburos en la Audiencia Nacional. De acuerdo con las acusaciones de Aldama, la cúpula del partido socialista se habría repartido una suerte de 'cupos' para ingresar cantidades de dinero al margen de su actividad oficial.

«Esto no es para nosotros, es para el partido», recoge una de las transcripciones del último informe de la UCO, en la que la referencia no es a Koldo García ni a Santos Cerdán como beneficiarios individuales de la cuantía que se estuviese percibiendo, sino al PSOE como receptor final. Los agentes interpretan este tipo de afirmaciones como indicios de que los pagos recibidos sirvieron, en parte, para alimentar una posible «caja B» interna, destinada a financiar actividades fuera del circuito contable legal.