Seis magistrados del Constitucional avalarán la amnistía en un Tribunal dividido y por una mayoría mínima

Por seis votos frente a cuatro. Con una diferencia de dos, tal y como El Debate adelantó que sucedería, en un Tribunal Constitucional (TC) dividido pese a la relevancia de la ley que se analiza. Seis magistrados –Ramón Sáez, Cándido Conde-Pumpido (presidente), Inmaculada Montalbán (ponente), Laura Díez, María Luisa Segoviano y María Luisa Balaguer– serán los responsables de que la amnistía, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a cambio de los siete votos separatistas de Junts para su investidura, quede avalada por la Corte a finales de esta misma semana.

Este lunes arranca el Pleno monográfico sobre la propuesta de luz verde a la norma de borrado penal del procés. Un debate que se prolongará durante cinco días y que, por primera vez desde su entrada en vigor, analizará el fondo de un asunto que mantiene al órgano enfrentado. Y, no sólo porque cuatro de los seis miembros del mismo que están llamados a tomar una delicadísima decisión jurídica (ya que dos de los integrantes del Tribunal, uno de cada bloque, están apartados de la misma) se inclinan por dar el visto bueno a la propuesta de sentencia redactada por la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, para resolver la impugnación del Partido Popular contra la amnistía, el primero de un total de treinta recursos registrados.

Además, porque la mayoría izquierdista del TC está de acuerdo en rechazar, tal y como pedían los magistrados profesionales Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel que el Pleno suspendiese cualquier resolución sobre la norma hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) despeje las cuatro cuestiones prejudiciales que hay, ahora mismo, pendientes, de cuatro órganos españoles distintos: la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y un juzgado de Vilanova y la Geltrú.

Y es que, si bien en un Pleno anterior ya se discutió sobre la posibilidad de que el TC remitiese su propia consulta a la Justicia comunitaria, antes de sacar adelante la amnistía, un «nuevo apartado» recogido en el fallo de la magistrada Montalbán cierra la puerta a esta posibilidad que será inicialmente tratada en la reunión de esta misma mañana. De nada han servido los dos informes técnicos presentados por los magistrados discrepantes, ni tampoco los recursos de súplica planteados, en la misma línea, tanto por el PP como por el Senado.

Según avanzó este diario en exclusiva, la ponente de la amnistía recogió, con el beneplácito del presidente del TC, una referencia expresa al pronunciamiento comunitario ya que no sólo considera que la potestad de la Corte a la que pertenece es «indelegable» ante cualquier otro tipo de Tribunal, incluso aunque se trate de un desafío transnacional; sino que, también, explicó que al tratarse de un tema «íntimamente relacionado con cuestiones políticas subyacentes (...) que son eminentemente nacionales» no procede más que una primera solución doméstica.

Un margen de 6 a 4, con dos bajas

Así las cosas, el cónclave estará conformado por 10 de los 12 magistrados que lo conforman, y la mayoría izquierdista que dará luz verde a la amnistía se impondrá por una diferencia de dos frente al bloque profesional de la Corte, por lo que uno de los dos miembros apartados de la deliberación, el magistrado José María Macías ha sido definido como una «mayoría mínima».

Macías fue expulsado de los Plenos monográficos, pese a ser el ponente designado en un principio para abordar el recurso cabecera contra la amnistía que se debate esta misma mañana, al aceptarse la recusación lanzada por la Fiscalía, fuera de plazo, al entender que estaba contaminado para fallar sobre el asunto porque como vocal del anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había informado negativamente sobre la ley, en el marco del trámite parlamentario.

´Sin embargo, para lograr su silencio, ha sido necesario todo un entramado de maniobras de la Presidencia de la Corte que, no sólo alteró la doctrina consolidada de la misma para excluirle sino que, además, lo hizo después de rehabilitarse a sí mismo; y, sin dar trámite de audiencia al interesado para que pudiera rebatir los argumentos en contrario.

Cabe recordar que, por su parte, el magistrado Juan Carlos Campo, ex ministro de Justicia de Sánchez que firmó los indultos de los separatistas catalanes, se apartó voluntariamente de todos los asuntos relacionados con la norma. No en vano, en los informes que respaldó para perdonar las penas de prisión a los cabecillas independentistas condenados por el Supremo, como artífices del procés, sostuvo que se trataba de una ley «claramente inconstitucional».

De ahí que, un Conde-Pumpido muy molesto con su compañero, quien presentó su renuncia sin consultarle, idease el mecanismo necesario para aumentar en algo la diferencia de apoyos para la amnistía que, en todo momento, ha tratado de evitar que fuese avalada por el TC con la única diferencia de su voto.

Un apartado solo para evitar el TJUE

Llegados a este punto, el borrador de la ponencia de 191 páginas con el sello de Montalbán, respalda la amnistía argumentando que «el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente», rechazando de esta forma que la exclusión expresa de los indultos generales pueda extenderse por analogía a la amnistía, sobre la que la Carta Magna nada dice.

Respecto a la motivación de la amnistía, que el PP achaca a «una transacción política para asegurar la investidura» de Pedro Sánchez, Montalbán subraya que las leyes siempre responden a «criterios de oportunidad política», de modo que «su porqué es jurídicamente indiferente». Pese a ello, resuelve que esta ley no es un «capricho» porque busca «mayor paz ciudadana».

Solo da la razón al PP en tres cuestiones concretas: ve inconstitucional la «asimetría» para amnistiar a quienes apoyaron y se opusieron al 'procés'; que la ley incluya «una habilitación insólita» para continuar con las «actividades criminales en el futuro»; y, que solo imponga escuchar a Fiscalía y a los organismos públicos perjudicados en las causas en el Tribunal de Cuentas para pedir su archivo.

La última palabra, para el Supremo

Pese a lo anterior, nada se decidirá en los próximos cinco días sobre uno de los escollos de la amnistía: el borrado de los delitos de malversación por los que, de acuerdo con la sentencia firme del Supremo en la causa especial del juicio al procés, permanecen inhabilitados la mayoría de los condenados. Si bien la explicación de la magistrada Montalbán se ha centrado en decir que el PP no pidió este extremo en su recurso, lo cierto es que entrar en la materia no conviene a un TC consciente de que la corrupción, difícilmente, recibirá el visto bueno de la Justicia europea.

Y ello, pese a que este aspecto es fundamental para la futura aplicación del texto a sus destinatarios a la carta, porque la interpretación que hizo el Supremo (TS) del delito de malversación y de la afectación a los intereses financieros y económicos de la UE en el 'procés' es lo que ha impedido, hasta la fecha, aplicar la amnistía al ex presidente catalán Carles Puigdemont y al que fuera su 'número dos', en la Generalitat, Oriol Junqueras.

En el Alto Tribunal esperan con paciencia esta primera sentencia del TC porque sus magistrados de la Sala de lo Penal han hecho depender sus decisiones de la interpretación jurídica de la ley de amnistía, no de su constitucionalidad, y en todo caso, como tribunal sentenciador, corresponde sólo al Supremo esta posición.

En consecuencia, fuentes jurídicas anticipan que, incluso con una ley declarada constitucional, se mantendrán las órdenes de detención contra Puigdemont y los ex consejeros catalanes Toni Comín y Lluís Puig, así como las penas de inhabilitación de Junqueras y los demás condenados por el 'procés', que llegan hasta 2031.

En cualquier caso, dado que lo previsible es que los líderes independentistas den la batalla en el TS para hacer valer una eventual sentencia favorable del TC, el TS ya dejó la puerta abierta en varias resoluciones a presentar su propia cuestión prejudicial al TJUE cuando llegara el momento oportuno.