El presidente del CIS, José Félix Tezanos, en el Congreso de los Diputados
Tezanos recurrirá al Constitucional la multa de 3.000 euros que le impuso el Supremo
Para el Alto Tribunal, el CIS incumplió la ley con su encuesta de abril de 2024, cuando preguntó por la «carta a la ciudadanía» de Sánchez en plena campaña para las elecciones catalanas y europeas
El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, recurrirá al Tribunal Constitucional tras la desestimación, por parte del Tribunal Supremo, del recurso que había interpuesto contra una sanción de 3.000 euros impuesta por la Junta Electoral Central (JEC).
Esta multa se originó a raíz de una encuesta difundida por el CIS en abril de 2024, coincidiendo con el desarrollo de las campañas para las elecciones autonómicas catalanas y los comicios europeos.
Según fuentes del organismo que dirige Tezanos, el recurso de amparo se planteará ante el Constitucional al entender que la publicación de la mencionada encuesta se ajustó plenamente a lo establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Desde el CIS sostienen que la normativa electoral no contempla la obligatoriedad de comunicar previamente a la Junta Electoral ni la entrega anticipada de los cuestionarios correspondientes a los estudios demoscópicos que se pretendan realizar.
La resolución del Supremo, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo en el mes de abril, rechazó el recurso formulado por Tezanos contra la decisión de la JEC del 27 de junio de 2024, que imponía la citada multa por considerar que el CIS había infringido lo dispuesto en la LOREG.
Tanto la Junta Electoral como el Alto Tribunal estimaron que el Centro de Investigaciones Sociológicas incurrió en una infracción al no informar a la JEC de la elaboración de la encuesta, privando así a los partidos políticos de su derecho a recibir el estudio con antelación. Esta omisión habría impedido el traslado previo de la encuesta a las formaciones concurrentes a los comicios.
El estudio en cuestión, calificado como una «encuesta flash» sobre el contexto político, tenía como objetivo captar la percepción ciudadana ante la carta publicada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que reflexionaba sobre su continuidad en el cargo. Este comunicado se conoció apenas dos días después de que se abrieran diligencias de investigación sobre su esposa, Begoña Gómez.
En declaraciones anteriores, Tezanos ya había anticipado su intención de acudir a instancias superiores si el Supremo desestimaba su recurso. Manifestó entonces que, «desde el máximo respeto a la ley y a los órganos jurisdiccionales», consideraba injusta la sanción impuesta y sostenía que esta no se ajustaba a lo estipulado por la normativa electoral vigente.
El recurso ante el Tribunal Constitucional pretende ahora dirimir si, efectivamente, el CIS actuó conforme a la legalidad o si, como mantienen la Junta Electoral y el Supremo, vulneró el principio de neutralidad exigido a los organismos públicos durante los procesos electorales. En cualquier caso, la controversia ha vuelto a colocar en el foco mediático la gestión de Tezanos al frente del CIS y su interpretación del marco legal que regula las actuaciones institucionales en periodo electoral.
