El juez cree que Santos Cerdán gestionó para la trama adjudicaciones por un valor «indiciario» de 537.271.005 €

El que fuera «uno de los más estrechos colaboradores» de Pedro Sánchez, hombre fuerte del PSOE y «arquitecto» de los gobiernos socialistas, Santos Cerdán, ha pasado su primera noche en la madrileña cárcel de Soto del Real, como presunto autor de tres delitos de tráfico de influencias, cohecho y pertenencia a organización criminal. En este último aspecto, el magistrado Leopoldo Puente, instructor del Supremo, considera que el papel de Santos Cerdán en la trama fue superior al asumido por otros imputados, como Koldo García Izaguirre o José Luis Ábalos, y de ahí el auto de ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el ex número tres del sanchismo que se conocía este mismo lunes.

Así las cosas, según la mecánica que describe el juez Puente, Santos Cerdán habría sido «la persona encargada» de mantener la interlocución con las empresas que pagaban las supuestas comisiones irregulares o 'mordidas' –fundamentalmente Acciona, a través de Uniones Técnicas (UTE) con otras empresas locales más pequeñas–a cambio recibir contratos públicos 'a dedo', cuyo importe «indiciario» se cuantifica en la nada desdeñable cifra de 537.271.005 euros.

Más personas, físicas o jurídicas, además de los Sres. Ábalos, García y Cerdán, pudieran haberse lucrado con las tan mencionadas adjudicaciones (...)

De acuerdo con el último informe de los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la tesis de la Fiscalía Anticorrupción y la resolución del Alto Tribunal, también era él quien cobraba, y más tarde distribuía, las cuantías de los «premios económicos» a cambio de los cuales se otorgaban las «indebidas adjudicaciones», en esencia a través de organismos dependientes del Ministerio de Ábalos. Un rol por el cual el propio Santos Cerdán obtendría alguna clase de beneficio económico para sí mismo o para terceros.

No en vano, a raíz de las conversaciones analizadas por los agentes judiciales, resultaría que tanto Koldo, como el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, pudieron ser los destinatarios de un «botín» cercano a los 550.000 euros, además de otros 450.000 pendientes de pago pero, igualmente, comprometidos.

Tal es así que el Supremo señala que las cantidades percibidas por tres de los integrantes imputados de la trama, los tres de la banda del Peugeot de Pedro Sánchez, «representa un porcentaje insólitamente mínimo en esta clase de operaciones delictivas».

«En efecto», subraya el magistrado Puente en su resolución, «si el importe del premio económico» por la concesión de licitaciones irregulares «hubiera constituido por hipótesis, un 1% del valor» de las mismas –«porcentaje aún muy contenido en términos comparativos con otras operaciones semejantes (no infrecuentes, por desgracia, en procedimientos judiciales de parecida naturaleza)». Un premio que, por lo tanto, «equivaldría a una cantidad superior a los 5.000.000 euros, varias veces mayor que la parte que indiciariamente correspondía a los Sres. Ábalos y García. Ello refuerza así, siempre en los términos indiciarios tantas veces señalados, la idea de que más personas, físicas o jurídicas, además de los Sres. Ábalos, García y Cerdán, pudieran haberse lucrado con las tan mencionadas adjudicaciones (…)».

Cabe recordar cómo en el informe de la UCO se apuntaban hasta siete evidencias de cómo el dinero manejado por la cúpula socialista pudo servir, también, para la financiación indebida del partido. En una conversación intervenida entre un empresario adjudicatario y un intermediario político, los agentes escuchaban: «Cumplí con lo acordado por el partido». Una expresión que, para los guardias civiles, sugeriría que no todos los pagos se dirigieron a individuos concretos, sino que formaban parte de una estructura pactada con instancias del PSOE. La literalidad del mensaje resulta clave para sostener la hipótesis de una financiación ilegal de la formación política.

«Esto no es para nosotros, es para el partido». De nuevo, en los audios ordeñados por la UCO, la referencia de los pagos no es a Koldo García, ni a Santos Cerdán como beneficiarios individuales, sino al PSOE como receptor final. Los agentes interpretaron este tipo de afirmaciones como indicios de una posible «caja B» interna, destinada a financiar actividades fuera del circuito contable legal.