El plan contra la corrupción de Sánchez nace tan torcido como su reforma de la Justicia

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes puso las expectativas muy altas este lunes, durante su intervención en Los desayunos del Ateneo: el paquete de medidas contra la corrupción que Pedro Sánchez presentará el miércoles en el Congreso es «muy potente», según Félix Bolaños. Sin embargo, no lo creen así los socios del PSOE, que aguardan con cierto escepticismo la comparecencia del presidente.

No solo con escepticismo. También, con la espada preparada: que ERC, Podemos, Junts, Bildu, el PNV y el BNG no vayan a apoyar una moción de censura de Alberto Núñez Feijóo no significa que mañana cierren filas con Sánchez, como el sábado la inmensa mayoría de los miembros del Comité Federal del PSOE. No lo harán. El presidente de Coalición Canaria, uno de los socios de investidura de Sánchez, fue un paso más allá y ayer se convirtió en el primero (probablemente también será el único) en pedir al presidente que presente una cuestión de confianza. Opción que no entra en los planes de Sánchez.

El plan contra la corrupción del Gobierno nacerá tan torcido como lo está la reforma de la Justicia que ha planteado el Ministerio de Bolaños, y que la semana pasada puso en huelga a jueces y fiscales. En ambos casos, el Ejecutivo no tiene garantizados más que sus votos y los de Sumar, 146, así que le faltan otros 30. Puesto que, también en los dos casos, el Ejecutivo plantea reformar varias leyes orgánicas, para lo que necesita mayoría absoluta de 176 diputados. Y, en este momento, los apoyos parlamentarios de Sánchez no están por la labor de retratarse junto al presidente que, según su propia versión, ni sabía ni podía imaginar siquiera la trama que tenían montada sus dos secretarios de Organización en el partido.

Por lo que respecta a la reforma de la Justicia, el Ejecutivo registró en el Congreso a mediados de mayo el contenido de esta última, consistente en una doble modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que ha venido desgranando en El Debate. Los socialistas pretendían tramitar la reforma por el procedimiento de urgencia, pero Junts les dio el alto inmediatamente después de ayudarles a superar el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y Vox.

Tras ello, el partido de Carles Puigdemont registró el pasado 20 de junio 29 enmiendas parciales inasumibles para el PSOE, alguna de las cuales choca frontalmente con la Constitución. Como la que pide crear una especie de tribunal supremo catalán que sea el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes en Cataluña, lo que contraviene el artículo 123.1 de la Carta Magna («El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales»). También, la supresión de la Audiencia Nacional, la creación de una especie de CGPJ catalán y la obligatoriedad de que los jueces que ejerzan allí hablen catalán.

La reforma ha quedado varada en la Comisión de Justicia. Según fuentes de la misma consultadas por El Debate, el PSOE no ha convocado siquiera la ponencia antes de las vacaciones porque no tiene apoyos ni visos de tenerlos en el medio plazo. La ponencia es un grupo de diputados de la comisión correspondiente que se encarga del primer cepillado de un proyecto o proposición de ley. Negocian e incluyen algunas enmiendas de los grupos y rechazan otras. Elaboran un informe que someten a votación de la comisión parlamentaria de turno y éste se convierte en dictamen.

La ley Begoña, del todo atascada

Si la reforma de Justicia está atascada, ya no digamos el Plan de Acción por la Democracia que el Ejecutivo presentó en septiembre de 2024, su particular respuesta al caso Begoña. Un amasijo de reformas legislativas para meter en cintura a jueces y a la prensa libre. Diez meses después, las medidas contenidas en él o no han arrancado o han encallado con los socios discontinuos de Sánchez.

La llamada ley Begoña es el mayor ejemplo. En enero, el PSOE registró una proposición de ley en el Congreso para intervenir la Justicia por la vía rápida, ante el avance de los casos de corrupción que le afectaban (y que ahora son más). Con ella, los socialistas pretendían cercenar la acusación popular, impedir a los jueces admitir querellas basadas en informaciones publicadas por la prensa, aumentar los motivos para recusar a un juez y, de propina, borrar de un plumazo el artículo 525 del Código Penal, el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos. Pero, medio año después, el PSOE ni siquiera la ha podido llevar aún al Pleno para su toma en consideración (el primer paso) porque no tiene los apoyos: Junts votaría en contra.

Así que el paquete de medidas contra la corrupción de Sánchez tiene muchas papeletas para correr la misma suerte, si no todas. Este lunes, la nueva portavoz del PSOE, Montse Mínguez, negó que esta legislatura esté siendo de una bajísima producción legislativa debido a la precariedad parlamentaria de Sánchez. «Aquí hay un Gobierno que legisla, que pacta, que acuerda con los grupos. Y 36 leyes aprobadas, casi dos leyes por mes. La actividad legislativa está y las votaciones se ganan», según Mínguez. La realidad es que 12 de ellas son reales decretos leyes del Consejo de Ministros que después han sido convalidados por el Congreso y varias más corresponden a la obligada trasposición de directivas europeas al ordenamiento jurídico español.