El Gobierno penaliza a jueces y fiscales negociando con Junts un Poder Judicial propio para Cataluña

El éxito del seguimiento de la huelga de jueces y fiscales, que el Gobierno ha tratado de desacreditar de múltiples maneras, hasta disuadiendo a los miembros de ambas carreras bajo la amenaza previa -aunque velada- de sanción, ha supuesto un escollo importante para los planes de Pedro Sánchez en lo relativo a la colonización del Poder Judicial a la que aspira a través de las dos reformas legales en marcha, asediado por los casos de corrupción.

Quizás por ese motivo, unido a la debilidad manifiesta del Ejecutivo que preside, cuya supervivencia está más que nunca condicionada al apoyo político de sus socios de investidura, los separatistas de Junts, Sánchez ha pisado el acelerador de las negociaciones en marcha para lograr que los siete del prófugo Carles Puigdemont aseguren su voto a la ley Bolaños que, hoy por hoy, no cuenta con la aritmética suficiente para salir adelante.

Una situación que los independentistas, como es habitual en ellos, hayan aprovechado para exigir, una vez más, nuevas reivindicaciones con las que materializar, de facto, su independencia del resto de la Administración española. En esta ocasión retomando, como parte del trato, la posibilidad de contar con un Poder Judicial propio, a través de un Consell territorial equivalente al Consejo General del Poder Judicial, que les permitiría, entre otras cosas, designar en Cataluña a jueces y fiscales a la medida de sus necesidades. Un escenario que supondría la voladura definitiva de la separación de poderes y la independencia judicial como bases del Estado social y democrático de Derecho que garantiza nuestra Constitución.

Así las cosas, los posconvergentes han condicionado su apoyo a la doble modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) en marcha, que hace algo más de tres semanaes iniciaban su tramitación parlamentaria, a la inclusión de una batería de enmiendas a los textos iniciales de ambas normas. Entre ellos: disolver la Audiencia Nacional, como órgano de instrucción central; obligar a los jueces y fiscales que ejerzan en Cataluña a conocer y utilizar el catalán como lengua principal; conformar una suerte de CGPJ propio; y, recuperar las funciones de los antiguamente denominados jueces de paz.

No en vano, para el separatismo cualquier tribunal español actuando a nivel autonómico, como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) –uno de los cuatro que ha recurrido a la cuestión prejudicial ante Europa, cuestionando la legalidad de la amnistía– es una institución más del Estado que les subyuga, en tanto en cuanto ejerce sus funciones en virtud del artículo 152 de la Constitución: «Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma. En los Estatutos de las comunidades autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste».

Y es, en concreto, en este punto, donde se apoyan los de Junts para presionar al Gobierno en su intento por controlar a la Justicia con la que está tratando de colonizar el sistema que cerca su corrupción y avanza en las causas que se ciernen sobre el hermano y la mujer del propio presidente, el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el caso PSOE que ha hecho tambalear los cimientos de la histórica formación.

El independentismo siempre ha tenido entre las prioridades de su «República» la creación de una Justicia propia para no tener que responder ante la española y, la tramitación de la ley Bolaños les ha puesto en bandeja e escenario que necesitaban para ponerlo de nuevo sobre la mesa. Siete votos, una vez más, como aval a los planes del Ejecutivo socialista, en esta ocasión a cambio de garantizar que el proceso de selección de los magistrados catalanes responda, únicamente, a un enfoque político en el que los elegidos serían, por descontado, afines a las posiciones separatistas.

Un proyecto que supondría la voladura del ordenamiento jurídico español y la perdición del Estado, porque los políticos catalanes pasarían a estar aforados (protegidos, más bien) ante esa pseudojusticia a la que aspiran. La misma que tendría la potestad de decidir sobre el archivo o la nulidad de todos los procesos judiciales que afectaran a los Puigdemont de turno.