Espionaje y presiones: el plan de las cloacas del PSOE para derribar a la juez del caso del hermano de Sánchez

Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, estuvo detrás de un grupo encargado de difundir información falsa para neutralizar las investigaciones judiciales, policiales y periodísticas que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tal y como explican a El Debate personas que colaboraron con ella. Entre sus misiones más delicadas, según estas fuentes, se encontró el diseño de un plan para acabar con la magistrada Beatriz Biedma, la juez que instruye la causa contra el músico David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, que ha sido procesado por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, aunque Díez lo niega tajantemente. «Niego tajantemente tener nada que ver con este asunto», explica a este periódico.

Tal y como ha podido confirmar El Debate, el plan comenzó en octubre de 2024, cuando dos militantes del PSOE que se identificaron como Susana y Luis viajaron a Badajoz y se presentaron como enviados de Díez. Por su parte, la que fuera afiliada del PSOE, afirma que no mandó a nadie y se desmarca totalmente a los seguimientos a la juez. «Me parece una barbaridad y estoy totalmente en contra», aclara. También sostiene que nunca ha estado en Badajoz.

El objetivo de estas dos personas era obtener datos personales comprometedores sobre la juez Biedma y construir un relato que permitiera su desprestigio o su recusación. El encuentro clave tuvo lugar en la cafetería La Marina, en el centro de la capital pacense, uno de los locales habituales del propio David Sánchez. Allí, los dos enviados socialistas se reunieron con un funcionario cercano al PSOE que aseguraba conocer personalmente a la magistrada.

Durante esa conversación, el funcionario les facilitó información privada como la dirección del domicilio de Biedma, el trabajo de su marido e incluso el nombre del colegio al que asisten sus hijos menores. Los emisarios insistieron en encontrar algún vínculo político en el entorno familiar de la juez o algún elemento polémico en sus resoluciones judiciales. También solicitaron un rastreo masivo de todas sus sentencias para identificar posibles «errores» susceptibles de ser utilizados en su contra. Pero no encontraron absolutamente nada. Al fracasar el intento de fabricar un escándalo, se optó por una vía más agresiva: una recusación. Para ello se recurrió al exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada, un exjuez condenado por violencia psicológica contra su esposa y expulsado de la carrera judicial.

Sáenz de Tejada presentó una recusación contra Biedma alegando que le había impedido personarse como acusación popular en la causa contra David Sánchez. La juez rechazó esa solicitud al entender que no tenía interés legítimo alguno, y que su verdadero propósito era obtener notoriedad para su canal de YouTube. Detrás de esa maniobra estaba, según las grabaciones que llevó a cabo el empresario Joaquín Parra, estuvo Javier Pérez Dolset, empresario investigado por la Audiencia Nacional considerado pieza clave dentro del grupo de Leire Díez, aunque él afirma que se trata de algo «absolutamente falso, un disparate sin conexión con la realidad». Según los indicios recogidos por el Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz, que investiga el plan para acabar con la magistrada, Dolset fue quien ideó junto a Sáenz de Tejada la estrategia legal para apartar a Biedma y lograr así el archivo de la causa contra David Sánchez, algo que poco después fue solicitado por la fiscal del caso.

El último auto judicial dictado por el juzgado señala que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de descubrimiento y revelación de secretos y tráfico de influencias. En cambio, para que puedan ser perseguido penalmente, la ley exige que la persona agraviada, en este caso, la propia magistrada, formule una denuncia expresa. Por este motivo, la instructora del nuevo procedimiento ha citado a Biedma que declare el próximo 17 de julio y exprese si desea ejercer acciones penales contra Díez. En el caso de que Biedma decida actuar, esta operación podría convertirse en uno de los mayores ataques a la independencia judicial de los últimos años.