El Gobierno pierde el pulso en el CGPJ: las dos Salas clave del Supremo serán presididas por los magistrados más veteranos

La veteranía de los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas Murillo de la Cueva parece haberse impuesto en el camino a presidir las dos Salas Clave del Supremo, la Segunda de lo Penal y la Tercera de lo Contencioso-Administrativo, tras la renuncia de las magistradas avaladas por el Gobierno, Ana Ferrer y Pilar Teso, ante la imposibilidad de alcanzar la mayoría cualificada que se necesita para los nombramientos, tras la última renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Después de varios intentos por alcanzar un acuerdo imprescindible para poner punto y final a la situación de interinidad que afectaba a ambas vacantes, claves en el seno del Alto Tribunal, y al bloqueo al que estaban abocadas, la renuncia de las dos candidatas oficialistas ha despejado el camino a la designación de los dos magistrados más veteranos para cada una de las Salas, incluso resultando que el sustituto del juez Manuel Marchena será el primero del escalafón judicial en toda España.

Así las cosas, tal y como El Debate adelantó ayer en primicia, las magistradas Ferrer y Teso daban un paso a un lado para desencallar el empate constante que, hasta la fecha, se había dado en las votaciones de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con diez miembros cada uno, y sin voto de calidad de la presidenta del órgano, Isabel Perelló, ya que son necesarios 13 avales de los 21 que lo conforman en total. Si nada lo impide, en el Pleno del próximo día 23 de julio quedarán confirmadas las dos Presidencias, de los dos candidatos independientes, con el apoyo de, al menos, tres de los consejeros propuestos por el PSOE.

La importancia de sendas designaciones radica en que la Sala de lo Penal es la llamada a investigar y, en su caso, juzgar a los aforados, lo que incluye miembros del Gobierno, senadores y diputados, como el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, entre otros altos cargos, como el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por un delito de revelación de secretos. Mientras que la Sala de lo Contencioso-Administrativo, por su parte, es la encargada de controlar la legalidad de las decisiones del Ejecutivo a través de los recursos que se planteen contra ellos.

«Dado el tiempo transcurrido sin que la convocatoria se haya resuelto, y ante la incapacidad de ese Consejo para aunar los consensos necesarios a favor de alguno de los dos candidatos en liza, el mismo interés de servicio público que me animó a presentarme a la convocatoria, me anima ahora a renunciar», apuntaba la magistrada Ferrer en una carta enviada, este mismo jueves, a la presidenta del Consejo para comunicar su renuncia.

De hecho, cabe recordar que Ferrer y Teso ya compitieron por la Presidencia del CGPJ y del TS hace un año, cuando se renovó el Consejo y, también entonces la segunda de ellas, magistrada de lo Contencioso-Administrativo, también retiró su candidatura mientras su compañera de lo Penal llegó hasta la recta final perdiendo, en la última votación, frente a la candidata independiente y de consenso, Perelló.

No proceden dos liderazgos en funciones

Pese a que Ferrer explicó en su misiva que se postulaba al cargo impulsada por un «interés de servicio público» y «más allá de hacer valer la presencias de la mujer» al optar a un puesto« que, por el momento, solo ha sido desempeñado »por varones", el hecho de que «la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, y en particular en el funcionamiento de los tribunales de Justicia, se debilite ante la apariencia de que los vetos ideológicos prevalecen sobre los criterios de mérito, capacidad y presencia equilibrada de hombres y mujeres en las instituciones públicas», la ha empujado a retirarse de la contienda.

«Mi principal impulso ha sido contribuir a mejorar el funcionamiento de la Sala aprovechando mi experiencia jurisdiccional y de gestión, de acuerdo con el plan de actuación que acompañé a la solicitud. Me avalan más de 10 años como Magistrada de la Sala y más de 40 en la judicatura, además del respaldo sin objeciones de la Sala de Gobierno de este Tribunal» Supremo, resaltaba la juez.

Si bien, la propia Ferrer no negaba que su contrincante, Andrés Martínez Arrieta, es «un candidato de prestigio incuestionable, al que ofrezco, como no podría ser de otro modo, mi más leal colaboración en todo lo que contribuya a mejorar el funcionamiento de esta Sala» Segunda.

De ser ratificados, Martínez Arrieta en la Sala de lo Penal y Lucas en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, no podrán completar el mandato de cinco años, renovable por otros cinco, ya que ambos están próximos a la edad máxima obligatoria de jubilación para los magistrados del Supremo.

Mérito y trayectoria frente a paridad

En el fondo de la controversia subyace, además, el debate, no resuelto, sobre cómo aplicar la norma de paridad a los nombramientos discrecionales. Mientras los miembros del ala izquierdista creen que debe hacerse caso a caso, los profesionales consideran que debe valorarse el conjunto de la carrera judicial y los méritos y capacidad de los aspirantes, por encima de cualquier otra condición. Y, sólo, en el caso de una igualdad irrefutable en estos criterios objetivos, decantarse por uno u otro candidato no en función de su sexo sino de los equilibrios necesarios para que estos no estén infra reflejados en el total de la plantilla.

Con la designación de Martínez Arrieta y Lucas se pondrá fin a un periodo de interinidad que comenzó en diciembre de 2022 en la Sala Tercera, tras la incorporación de César Tolosa al Tribunal Constitucional (TC) como magistrado, y el pasado diciembre en la Sala Segunda, cuando expiró el segundo mandato consecutivo de Manuel Marchena al frente de la misma.