El PSOE intenta cambiar la agenda judicial a su favor sin posibilidad de éxito

Días después de que el informe Cerdán arrasara todo a su paso en el PSOE, Pedro Sánchez amenazó públicamente al PP, algo que a muchos populares les sonó extraño. El 16 de junio afirmó ante la Comisión Ejecutiva Federal de su partido: «Si me permiten un consejo, que tanto el señor Feijóo como el señor Abascal presenten esa moción de censura cuanto antes. Porque después del verano a lo mejor empiezan a sucederse las resoluciones de muchas de las causas que tienen al PP pendientes» A los dos días, el presidente repitió la misma idea en un cara a cara que mantuvo con Alberto Núñez Feijóo en el Congreso: «El único adelanto que va a haber no es el de las elecciones, es el de las más que lógicas sentencias de muchos casos de corrupción a la vuelta del verano que afectan al Partido Popular», vaticinó.

Un diputado popular le preguntó desde su escaño algo que muchos en la bancada del PP estaban rumoreando entre ellos: «¿Cómo lo sabes?», que era una forma de preguntar a Sánchez si acaso tenía información privilegiada. El presidente hizo oídos sordos y siguió a lo suyo. Después, aquel mismo día, su equipo negó a los periodistas que Sánchez supiera algo que los demás no sabían. Dijeron que simplemente se estaba refiriendo a los juicios orales ya señalados para el próximo curso que afectan al PP.

Pero no ha hecho falta esperar a septiembre, como pronosticó el presidente. Los socialistas han visto el cielo abierto con la imputación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en un caso que ha estado siete años bajo secreto de sumario. Hasta ahora. En el Gobierno y en el PSOE se han agarrado a esta causa como a un clavo ardiendo. El ministro Óscar López la bautizó ayer como la «kitchen fiscal» del PP. Y su partido la definió como «la trama de la venta de leyes al mejor postor». Desde el PP replicaron: «Feijóo responderá por su equipo del mismo modo que Sánchez ha de responder por el suyo (…). Ningún consejero de Feijóo durante sus 13 años como presidente autonómico se ha visto envuelto nunca en una trama de corrupción. Tampoco sus dos secretarios generales en el PP de Galicia».

Los socialistas están utilizando el caso Montoro como ensayo de la estrategia que pretenden desplegar contra el PP de Feijóo en el próximo curso, endosando al actual responsable del partido los juicios de anteriores etapas. Aunque esta prueba piloto no les ha salido muy bien. En menos de 24 horas, el exministro de Hacienda ya no era militante del PP. Por el contrario, el PSOE tardó más de 15 meses en expulsar a José Luis Ábalos, y solo lo hizo tras el informe de la UCO contra Santos Cerdán. Génova 13 se movió rápido.

¿Qué hay a la vuelta del verano que con tanta ansia esperan el Gobierno y el PSOE, en su afán de intentar cambiar el viento de la Justicia y ponerlo a su favor? Nada lo suficientemente grande como para tapar ni detener el procesamiento del fiscal general del Estado y del hermano del presidente, la imputación de su mujer, la prisión provisional de Cerdán y las tres derivadas del caso PSOE: la que instruye contra Ábalos el Tribunal Supremo; la que instruye la Audiencia Nacional contra Koldo García, la expresidenta de Adif y el ex director general de Carreteras; y el caso hidrocarburos, también en fase de instrucción en la Audiencia Nacional. Todos ellos van a seguir avanzando.

Los casos del PP

En noviembre comenzará en la Audiencia Nacional el juicio oral al núcleo duro de la trama Gürtel, con Francisco Correa a la cabeza. Entre los acusados está también Pablo Crespo, que fue secretario de Organización del PP de Galicia en los noventa. Lo fue, por tanto, mucho antes de la llegada de Feijóo a la Presidencia del PPdeG. Pero, aun así, el PSOE ya se relame.

También en la Audiencia Nacional, pero en mayo de 2026, se sentarán en el banquillo de los acusados al exministro del Interior Jorge Fernández y quien fuera su número dos, Francisco Martínez, en el marco de la llamada operación Kitchen: el supuesto espionaje al extesorero Luis Bárcenas en 2013 para robarle la información comprometida que pudiera tener del PP.

A mayores, desde abril viene celebrándose en la Audiencia Nacional la vista oral de una de las piezas fundamentales del caso Púnica, en la que están imputados nueve exalcaldes del PP en la Comunidad de Madrid. Supuestamente adjudicaron contratos municipales de forma irregular a la empresa Cofely, por valor de 224 millones de euros.

Los socialistas se encomiendan también a las novedades en el caso seguido contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por dos delitos de fraude fiscal y falsedad documental. El miércoles, la Fiscalía pidió para él tres años y nueve meses de cárcel. Tiene además una pieza abierta separada en la que está acusado de comprar una sociedad sin valor a la mujer del presidente de Quirón Prevención a cambio de más contratos con la compañía.