El PNV ya saca tajada ante la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, pero quiere más

El lendakari vasco, Imanol Pradales, salió el pasado martes del Palacio de la Moncloa con los traspasos de cuatro prestaciones no contributivas (tres de carácter familiar y un subsidio especial por nacimiento) dependientes hasta ahora de la Seguridad Social, así como la gestión de las ayudas del seguro escolar, el traspaso del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (CNVM), que tendrá la sede en Baracaldo, y funciones de salvamento marítimo en el litoral vasco. Se trata de una buena tajada teniendo en cuenta que a lo largo de este año se ha producido un goteo de nuevas transferencias competenciales que poco a poco van engordando los anhelos nacionalistas del PNV.

Por supuesto, al Partido Nacionalista Vasco (PNV) le supo a poco. La propia portavoz nacionalista en el Congreso de los Diputados señaló el miércoles que este traspaso es «un paso adelante en el autogobierno vasco», pero «evidentemente» todavía queda pendiente «cumplir con el Estatuto de Autonomía de Guernica y con el pacto de investidura».

Ya lo dijo el presidente del Partido Popular en el País Vasco, Javier de Andrés, en una entrevista en El Debate a finales del año pasado: «Se acuerde lo que se acuerde, no va a ser de su satisfacción. Ellos van a seguir diciendo que aspiraban a otra cosa, que los derechos que ellos exigen son irrenunciables. Simplemente es una parte de toda esa estrategia que tiene el nacionalismo para buscar desafección hacia el conjunto de España y frustración en su electorado para que siga enfadado y disgustado y para poder culpar al conjunto de España».

Pero el PNV quiere aprovechar la debilidad en la que el caso Cerdán ha imbuido al Gobierno de Pedro Sánchez para sacar la máxima tajada del Ejecutivo socialista. Al fin y al cabo, sus votos son igual de decisivos que los de ERC y a éstos les ha dado el 'cupo catalán'.

Pero, al mismo tiempo, temen que Sánchez les ralentice el traspaso de competencias para tenerlos atados el máximo tiempo posible. Los socialistas vascos han asegurado que quien está frenando los traspasos es Yolanda Díaz, al mando del Ministerio de Trabajo.

Pánico a Bildu

Pero a quien más miedo tiene el PNV no es ni a Sánchez ni a Yolanda Díaz, sino que es a su auténtico rival, Bildu. El propio vocero parlamentario de Arnaldo Otegi, Pello Otxandiano, aseguró este viernes que «empezamos la legislatura española con el compromiso del Gobierno de transferir las 30 transferencias que faltan. Se han transferido seis. Hay una que ya está anulada y se prevén que se transfieran cuatro de aquí a final de año, pero en el mejor de los casos, esto supone un tercio de las 30 transferencias que faltan por transferirse». Y el PNV sabe que este mensaje cala entre los votantes vascos. Y no precisamente a su favor.

Por este motivo, el PNV y especialmente su presidente, Aitor Esteban, gracias a los contactos que hizo a lo largo de su etapa como portavoz en el Congreso de los Diputados, tratará de apretar las cuerdas al Gobierno de Sánchez para conseguir esos traspasos acordados para la investidura del socialista tras las elecciones de 2023.

Esteban recordó las palabras de su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, en las que afirmaba que su confianza en Sánchez «va camino de la UCI» y añadió que «estamos en un bloqueo y el único que puede desbloquearlo es Sánchez».

Porque el acuerdo de investidura de 2023 recogía que en esta legislatura se completarían todas las transferencias de competencias recogidas en el Estatuto de Guernica. Y lo harán precisamente para enterrarlo y abrir la puerta a un nuevo estatuto que ya reclama Bildu para el mes de septiembre, ante la posibilidad de un fin de legislatura precipitado, que incluya el «reconocimiento de la nacionalidad vasca» y la posibilidad de incluir el «derecho de autodeterminación», que solo sería posible con un gobierno con la debilidad de Pedro Sánchez.