La fontanera del PSOE Leire Díez, imputada por cohecho y tráfico de influencias

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha abierto una investigación a la exmilitante del PSOE Leire Díez por dos delitos de cohecho y tráfico de influencias derivados de las presuntas maniobras en las que ésta habría participado para influir en procesos judiciales y la ha citado a declarar como imputada el próximo 11 de noviembre a las 13.00 horas.

En el auto dictado por el magistrado, al que ha tenido acceso El Debate, se ha admitido a trámite la denuncia planteada por la asociación HazteOir.org, contra la socialista de la que trascendieron varios audios en los que hablaba, supuestamente, de obstruir investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación a pesquisas que salpicaban a varios dirigentes socialistas.

Así las cosas, de acuerdo con el relato de los hechos recogidos en la denuncia, en febrero de 2025, Díez Castro se reunió con el empresario Alejandro Hamlyn —acusado en la trama del fraude de los hidrocarburos que se sigue en la Audiencia Nacional— y le ofreció un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía para evitar su condena a cambio de información que implicara al jefe de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, en un caso de corrupción. En dicha reunión también participaron el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo quien, ahora, además, ejerce la defensa de Santos Cerdán.

Asimismo, se alega que en marzo de 2025 la denunciada se reunió con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el caso «Koldo», para ofrecerle protección judicial y un puesto en la Dirección General de la Guardia Civil si proporcionaba información sensible que permitiera «desmontar la Guardia Civil» y «echar por tierra» causas judiciales que afectarían al PSOE.

De hecho, el juez también ha decretado la comparecencia judicial de ambos, junto con el comandante Villalba, el mismo día 11 una hora antes, a las 12:00 del mediodía, en calidad de testigos, apercibiéndose a todos ellos de que, en caso de «no comparecer ni alegar causa legal se podrá imponer multa de 200 a 5000 euros» a cada uno.

Además, el titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid ha librado un oficio a los representantes legales de un total de cuatro medios de comunicación para que, en el plazo máximo de veinte días, «remitan en soporte digital los artículos periodísticos» relativos a dichas informaciones, acompañados de «los videos u otras grabaciones audiovisuales» en los que se hayan apoyado las mismas y que «identifiquen a los periodistas autores» de cada una de ellas. «Una vez identificados dichos periodistas cítese a los mismos el próximo día 11 de noviembre de 2025 a las 10:30 horas a fin de recibirles declaración en calidad de testigos, librándose los despachos y oficios necesarios, bajo apercibimiento que de no comparecer ni alegar causa legal se podrá imponer multa de 200 a 5000 euros».