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Elma Saiz, Félix Bolaños e Isabel RodríguezEFE

Una nueva «cortina de humo»

El Gobierno agita una campaña contra el PP y Vox en su verano más amargo alentando la polémica de Jumilla

El foco político este jueves de agosto estuvo en el municipio murciano de Jumilla, después de que trascendiera la aprobación de una moción que propone la modificación del Reglamento de Uso y Funcionamiento de Instalaciones Deportivas Municipales para que estas se utilicen «exclusivamente» para actividades deportivas o actos o actividades que organice el Ayuntamiento, y no para actividades «culturales, sociales o religiosas ajenas» al Consistorio.

El Gobierno y el PSOE, tras cerrar su curso más crítico por los escándalos de corrupción que les rodean y la debilidad parlamentaria, han alentado la polémica con una campaña para volver a acusar al PP y a Vox de aplicar «políticas racistas» y de promover «discursos de odio», poniendo el grito en el cielo en redes sociales y en declaraciones a medios de comunicación contra la moción aprobada por los populares, que gobiernan en Jumilla, en un Pleno celebrado la semana pasada.

Una moción que se propuso como enmienda de modificación a un texto que había presentado en junio Vox. La formación de Santiago Abacal pedía, además de esa modificación del reglamento de uso de las instalaciones deportivas para limitarlo a actividades de ámbito deportivo o aquellas organizadas por el Ayuntamiento, que se prohibiera la celebración pública de la Fiesta del Cordero u «otras conmemoraciones similares ajenas a nuestras tradiciones» por ser «incompatibles con la identidad y usos y costumbres» de España, entre otras cosas. No obstante, lo que se aprobó finalmente fue el texto del PP, que no recoge este punto.

La portavoz del PSOE en la Región de Murcia, Isabel Gadea, acusó a las formaciones de Feijóo y de Abascal de racismo y xenofobia. Llegó a señalar que esta comunidad «está siendo el laboratorio de las políticas de la extrema derecha». «No es casualidad. Hace unas semanas, estábamos viviendo una auténtica cacería en Torre Pacheco (...)», dijo la dirigente socialista.

Desde el Gobierno, el ministro Félix Bolaños señaló que lo ocurrido en Jumilla es, según él, «otro ejemplo» de la «deriva extremista y excluyente» del PP y Vox. La ministra Elma Saiz acusó a estos partidos de estar «utilizando pequeñas localidades como laboratorios de lo que para ellos es la España que algún día aspiran a gobernar». Saiz avisó de que van a «monitorizar cómo se comportan las redes sociales» -hablando de una supuesta propagación de odio «contra la población migrante»-, en colaboración con el Ministerio del Interior y la Fiscalía.

El PP lo ve como una nueva «cortina de humo»

Fuentes del PP de la Región de Murcia trasladaron que lo consideran una «polémica ficticia más alimentada por el PSOE y el Gobierno como cortina de humo» para tratar de tapar los escándalos de corrupción que les afectan. Y subrayaron que el texto de la moción aprobada «no establece ningún veto ni ninguna prohibición que contravenga los derechos y libertades» recogidas en la Constitución, al tiempo que manifestaron su «máximo respeto» al ejercicio de la libertad religiosa.

En esa línea se expresaba el Ayuntamiento de Jumilla, del PP, que señaló en un comunicado que la moción aprobada por el Pleno «no recoge ningún veto ni ninguna prohibición a nadie por su origen o creencia religiosa». Que sencillamente pide, por un lado, instar al equipo de Gobierno a promover actividades y campañas que defiendan la identidad de España, y, por otro, instar a que se modifique la ordenanza municipal de uso de las instalaciones deportivas para que estas se empleen «exclusivamente para el ámbito deportivo o actividades organizadas por el Ayuntamiento».

Subrayan que solo afecta a los espacios deportivos, pero que «el resto de las instalaciones municipales estarán a disposición de toda la sociedad, incluida la comunidad musulmana, o cualquier persona o asociación que solicite una instalación y cumpla con los requisitos técnicos». Los populares critican que «de manera intencionada» se ha querido «tergiversar y distorsionar» lo que aprobó el Pleno.