La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante una Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid
Begoña Gómez pide retrasar su declaración del día 11 porque su abogado tiene otro juicio
La mujer del presidente del Gobierno debía de comparecer para explicar la contratación para sus intereses personales de una asesora de La Moncloa
El abogado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, ha pedido al juez Juan Carlos Peinado que suspenda la declaración como investigada de la esposa del presidente del Gobierno prevista para el próximo 11 de septiembre y fije una nueva fecha, toda vez que ese día tiene fijado otro señalamiento en Arona (Tenerife).
Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que la defensa envió el pasado 21 de agosto al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, después de que éste acordara imputar a Gómez un presunto delito de malversación por la contratación de Cristina Álvarez como su asesora personal en Moncloa.
«Este letrado tiene señalada, con anterioridad al señalamiento efectuado por el citado auto de 18 de agosto, declaración el día 11 de septiembre ante el Juzgado de Instrucción 1 de Arona», precisa Camacho. Por ello, solicita que «se acuerde la suspensión de las declaraciones testificales señaladas para el próximo 11 de septiembre, acordándose en su lugar nueva fecha para su práctica».
Se da la circunstancia de que el PSOE había pedido la suspensión del pleno del Congreso previsto para el mismo día que la declaración de Begoña Gómez. Incluso había empleado como excusa que el 11 de septiembre es la Diada, festivo en Cataluña.
Quinto delito
El pasado 18 de agosto el juez Peinado imputó a Gómez por un delito de malversación, el quinto delito del que se acusa a la mujer del presidente del Gobierno y le citó a comparecer de nuevo tras el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid, que le emplazó a centrar la investigación e instó a fijar los indicios de responsabilidad que se le podrían imputar la asesora.
La esposa de Pedro Sánchez hasta ahora figuraba como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. Todo ello, en el marco de cuatro líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés; la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense; la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del 'software' de dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.
La decisión de Peinado de imputar malversación a Gómez supone un cambio de criterio respecto a lo que concluyó el pasado mayo, cuando imputó al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, un delito de malversación por la contratación de la asesora durante su etapa en Moncloa y descartó investigar a Gómez y Álvarez por dicho delito al considerar que no tenían responsabilidad en el nombramiento
