​Denuncias, recursos y quejas: todas las veces que el sanchismo intentó sin éxito apartar al juez Peinado

El pasado lunes el juez Juan Carlos Peinado imputó a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, –y a la que fuera su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez– por un delito de malversación, y las citó a declarar el próximo mes de septiembre. La decisión del titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid conllevó que el Ejecutivo saliera rápidamente a criticarle. El ministro Óscar López expresó que el magistrado instructor «no tiene ni una sola prueba de nada y va mutando porque el fin es el fin», mientras que Óscar Puente le calificó como «un activo de la derecha».

Y es que desde que Peinado comenzó a investigar a Begoña Gómez –en abril 2024– desde el Gobierno de Sánchez y su entorno no han cesado en su propósito de apartar y desacreditar al juez, aunque hasta el momento la ofensiva ha resultado infructuosa. Sus últimos intentos los hemos conocido esta semana, después de que la mujer del líder de los socialistas deba responder por un quinto presunto delito.

El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, ha iniciado diligencias informativas contra el juez Peinado tras una queja presentada por el ministro Félix Bolaños después de su declaración como testigo en el caso Begoña. Además, el mismo órgano también ha decidido tramitar un escrito interpuesto por el diputado del PSOE Guillermo Hita contra el instructor en el que le acusa de «dejación de funciones» tras haber archivado una causa por presunta malversación en la empresa municipal de transportes de Madrid.

La justicia respalda a Peinado

Tan solo un mes después de que comenzara la instrucción contra Gómez, la Audiencia Provincial de Madrid ratificó la investigación contra la mujer de Sánchez. Tras un recurso de la Fiscalía, el tribunal resaltó en mayo del año pasado que «la denunciada podría estar amparándose en su condición de esposa del presidente del Gobierno para ofrecer su influencia personal de recomendación en la adjudicación de sustanciosos contratos de adjudicación pública en favor de determinadas empresas, que, al tiempo, le presten soporte ventaja o beneficio». Además, la resolución criticó la «inusual pretensión» del Ministerio Público que encabeza Álvaro García Ortiz para «impedir toda investigación» sobre Gómez.

Asimismo, en septiembre de 2024 la Audiencia de Madrid avaló que Peinado investigara a la cónyuge del jefe del Ejecutivo por el caso Software, la apropiación de la herramienta informática que puso a su nombre a pesar de que se desarrolló con fondos públicos de la Universidad Complutense. De hecho, las pesquisas provocaron que Gómez fuera imputada por apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante octubre la Justicia rechazó tres intentos del sanchismo para apartar al magistrado. A principios de ese mes la Audiencia de Madrid no admitió el segundo recurso de la Fiscalía para que Peinado dejara de instruir la causa. El día 18 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó por unanimidad la querella por prevaricación que presentó Sánchez –mediante la Abogacía del Estado– contra Peinado por prevaricación. El auto destacó que «dado el carácter especulativo en que se basa la querella y el prejuicio que destila la misma», no puede dejar de pensar que esta «no obedece sino al intento de tergiversar el fin lícito que implica el tipo delictivo que se le imputa al querellado».

Además, el día 23 de octubre el TSJM también tumbó la querella de la propia Gómez contra el instructor por un delito de prevaricación. En un duro escrito, los jueces indicaron que los argumentos de la mujer de Sánchez eran «una suposición, una opinión» y «meras conjeturas», y criticaron «el torticero alejamiento de la norma que alega el querellante».

Ya en junio de este año, la Audiencia de Madrid ratificó la instrucción de Peinado contra la asesora de la Moncloa que trabajaba para la esposa del presidente del Gobierno. En una resolución –que ha utilizado el juez para imputar a Gómez y a Álvarez por malversación– se recoge que la trabajadora de Presidencia, «sirviendo a las actividades privadas» de su jefa, podría haber «desviado recursos públicos en favor de intereses» particulares.

Finalmente, el TSJM anuló a finales de junio las multas que Peinado impuso a los abogados del caso Begoña por vulnerar el secreto de sumario, aunque mantuvo la investigación. El tribunal dictaminó que la conducta de los letrados tras haber atendido a la prensa «puede ser considerada reprochable desde el punto de vista de la prudencia profesional, pero no concurren los requisitos indispensables para la imposición válida de una sanción disciplinaria».