Begoña Gómez responderá por un quinto delito de malversación tras usar a una asesora pública para sus negocios

Siempre a través de su abogado y acogiéndose, en todo momento, a su derecho a no declarar, Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, imputada por el juez Juan Carlos Peinado negaba en su última comparecencia, durante 35 minutos, y respondiendo únicamente a preguntas de su letrado, cualquier irregularidad en los procesos de contratación pública en los que emitió cartas de recomendación, a favor de su socio y gurú Juan Carlos Barrabés; en la producción y explotación del software desarrollado dentro de la cátedra de Transformación Social que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM); o, en la asignación de funciones particulares, fuera de las previstas, a la asesora que le fue asignada para apoyarla en las cuestiones relativas a su papel de 'primera dama'.

La realidad es que, en este último escollo de su periplo judicial, Gómez tendrá que enfrentarse a un nuevo presunto delito de malversación de fondos públicos, en septiembre. Varios correos enviados y recibidos por la propia Cristina Álvarez, firmando como «colaboradora» de la cátedra de la UCM y el testimonio de algunos de los directivos de las empresas tecnológicas vinculadas al software creado para la misma, han sido evidencias suficientes con las que

De nada han servido, hasta la fecha, los infructuosos intentos de Gómez, y sus representantes jurídicos, por lograr el archivo de la causa, procesar al magistrado instructor por prevaricación o retirarle el caso, negado al unísono por todo el Gobierno. La Audiencia Provincial de Madrid (APM) ha sido la encargada de confirmar las pesquisas del juez Peinado, acotándolas en algún caso, y dar continuidad a la investigación de los tribunales, contra el relato político para saber si, como todo apunta, y como sostiene la acusación popular de Vox, la mujer de Sánchez utilizó a dicha empleada de La Moncloa para impulsar sus negocios privados.

Así las cosas, Gómez se ha visto sobresaltada en sus vacaciones de verano, de las que disfruta en el Palacio de La Mareta (Lanzarote), con la ampliación de un asunto penal abierto, cinco delitos sobre la mesa -corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida, intrusismo profesional y desvío de fondos públicos- pendiente de que las diferentes averiguaciones instadas por las partes, y autorizadas por el magistrado, ofrezcan nuevos datos que podrían desembocar en su procesamiento, más de un año después de la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, el 24 de abril de 2024.

Los «recortes de prensa», resultado de los trabajos periodísticos publicados sobre las prácticas profesionales de Gómez, que el Ejecutivo señalaba como 'bulos' de la «ultraderecha», resultaron suficientes para la apertura de diligencias previas por las dos primeras irregularidades.

Y pese a que el comienzo de las actuaciones resultó accidentado y complejo, ante la presión de los socialistas y de buena parte de la izquierda mediática, las mismas han seguido avanzando en busca de pruebas relevantes para determinar la supuesta responsabilidad legal de Gómez. No sólo por las reuniones mantenidas, incluso en instalaciones públicas, con diferentes empresas privadas, entre las que destacan Globalia y Air Europa, que recibieron un importante rescate de cerca de 475 millones de euros del actual Gobierno; sino, además, por implicar en sus actividades profesionales privadas recursos de la Administración, como a su secretaria Cristina Álvarez, investigada por un presunto delito de malversación.

Por ello, y a medida que la madeja se ha ido desenredando, el magistrado Peinado se ha visto obligado a ampliar el objeto inicial de las indagaciones, de la mano de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a partir de los diferentes testimonios y documentos aportados por las empresas y patrocinadores vinculados al máster y el software derivado de la misma que Gómez inscribió a su nombre y promocionó, fuera del ámbito académico, pese a que su creación estaba, supuestamente, comprometida al desarrollo de las actividades y proyectos de la cátedra de la UCM.

Así las cosas, el contenido de las declaraciones prestadas por los representantes de compañías tecnológicas involucradas en esta derivada de las investigaciones –Google, Telefónica o Indra– serán determinantes para identificar el alcance de los intercambios profesionales con la mujer de Sánchez y sus actividades profesionales, si éstas se vieron condicionadas por su estatus y obtener la documentación necesaria para precisar si la finalidad del programa fue, finalmente, otra diferente de aquella para la que había sido creada.

En función del resultado, fuentes próximas a la causa auguran que tanto la cuestión de la asesora, que ahora se incorpora al sumario de la causa, como la apropiación indebida de la aplicación informática serán las dos variables de la ecuación judicial que más quebraderos de cabeza provoquen en Gómez, a la vuelta de su privilegiado retiro en Canarias.