Urtasun defiende el cupo catalán mientras acusa a Madrid de ser un «grandísimo paraíso fiscal dentro de España»

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha justificado el cupo catalán, calificándola como «compatible» con una la financiación autonómica que lleva «caducada demasiado tiempo» y hay que «actualizar».

En una entrevista concedida a Europa Press, el también portavoz de Sumar asume que, durante el nuevo curso político, los socios del Ejecutivo no van a facilitar la gobernabilidad. Pese a ello, sacaba pecho de la reforma fiscal que sacaron adelante conjugando los intereses de su partido con los de Junts.

«En diciembre todo el mundo nos decía que esa ecuación era imposible y al final sacamos adelante una reforma fiscal, aunque con sus déficits», decía el titular de la cartera de Cultura.

Así, comentaba que la condición del cupo catalán de ERC para aprobar los Presupuestos Generales del Estado debe tratarse de forma paralela a la financiación autonómica.

Resaltando que Valencia y Aragón son «territorios particularmente castigados», aludía a la necesidad de «actualizar el sistema de financiación», cosa que sería «compatible» con la «singularidad catalana».

Acusa a Madrid de ser un «grandísimo paraíso fiscal»

De la misma forma, aprovechaba para volver a acusar a la Comunidad de Madrid de hacer ‘dumping’ fiscal al resto de regiones del país. Urtasun decía que «vincular la mejora de la financiación a que algunas comunidades autónomas dejen de bajarle los impuestos a los ricos». Así, acusaba a Madrid de ser un «grandísimo paraíso fiscal dentro de España» con «tramos del IRPF e impuestos de sucesiones y patrimonio prácticamente a cero».

«Nos hace ‘dumping’ a todos y luego nos pide más recursos para financiarse. Este tipo de situaciones no son posibles», proseguía, para reiterar sus acusaciones sobre el Gobierno de Ayuso al resto de comunidades autónomas.

Por su parte, desde la Comunidad de Madrid alertaban que si se lleva a cabo «una financiación singular bilateral», lo llevarán ante la Audiencia Nacional. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert adelantaba esta decisión, como ya hicieron al interponer un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de Consejo de Política Fiscal y Financiera de febrero para condenar 83.000 millones de euros a las comunidades autónomas.

Así, comunicaba que si el Ejecutivo sigue adelante con la financiación singular, deberá modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y el Gobierno regional llevará a cabo «todas las medidas convenientes como es un recurso ante el Tribunal Constitucional».