La mitad de los jueces españoles considera que las decisiones judiciales contrarias a los intereses del Gobierno no se cumplen

La encuesta anual de la Red Europea de Consejos de Justicia (ENC) no deja lugar a dudas: el 50% de los jueces españoles consideran que las decisiones judiciales contrarias a los intereses políticos del Gobierno no llegan a cumplirse. Un porcentaje de ellos que supera la media, en un 25%, sitúa al Ejecutivo en un área de impunidad a la que, además, hay que añadir que el Gobierno primero y el Parlamento, después, no respetan la independencia del Poder Judicial.

De hecho, los magistrados españoles sitúan el rango de independencia de la Carrera con una nota de 8, por debajo de la media europea ubicada en 8,5 puntos sobre 10; y, suspenden en la materia a su propio órgano de referencia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con un 3, dado que los vocales que lo conforman no son elegidos directamente por jueces y magistrados. De hecho, casi un 60% de ellos entiende que el Consejo carece de mecanismos y procedimientos adecuados para defender su independencia de manera efectiva, el mayor porcentaje de jueces de toda Europa que opinan en este sentido.

Una situación enquistada desde hace años en nuestro país pese a las constantes recomendaciones de reforma legal que exigen tanto el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa y la propia Comisión Europea.

El panorama no mejora, en absoluto, cuando se pide a los más de 20.000 jueces y magistrados, de los más de 30 países que han participado en la recogida de datos, que puntúen el nivel de sus Cortes de Garantías. En el caso de España, los más de 1.000 profesionales que han intervenido, un 20% del total de la Carrera, asegura que el Tribunal Constitucional no respeta suficientemente su independencia. Hasta tal punto que la percepción del TC entre los jueces españoles es que se trata de una de las instituciones más politizadas.

Hasta tal punto es así que, en líneas generales, para todas las franjas de edad de los jueces y magistrados consultados en nuestro país, la independencia judicial ha empeorado de manera preocupante en los últimos años.

De nuevo, como ya sucediese hace algo más de un año, la Red europea de Consejos de Justicia, responsable del dictamen, ha vuelto a poner el foco en la necesidad de que los países miembros de la Unión, no caigan en la complacencia sobre el respeto de la independencia judicial porque hay Estados en los que eso, sencillamente, se ha demostrado que no existe.

No en vano, un estudio detallado de la salud de los Consejos del Poder Judicial –los órganos equivalentes al CGPJ en nuestro país– pone de manifiesto la grave situación que atraviesan, tradicionalmente, Polonia o Turquía, afectados por graves anomalías.

Un ranking en el que ya se situaba a España, en 2024, junto con Hungría y Eslovaquia, como uno de los integrantes de la terna donde la independencia judicial se pone en mayor riesgo por la acción del Parlamento. De hecho, por aquel entonces, era la presidenta de la Asociación Europea de Jueces (ENJC), Dalia Vasariene, quien ha señalado los problemas estructurales que acarreamos en tema de separación de poderes y calidad de nuestro Estado democrático de Derecho.