Palacete de la avenida Marceau de París que alberga el Instituto Cervantes y que el gobierno ha regalado al PNV
Transparencia reclama a Hacienda entregar los expedientes de edificios de Francia restituidos al PNV
Pide la entrega de expedientes administrativos sobre las solicitudes de restitución o compensación de tres inmuebles ubicados en Francia que el PNV reclamó
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha instalado al Ministerio de Hacienda a remitir a Impulso Ciudadano los expedientes administrativos sobre las solicitudes de restitución o compensación de tres inmuebles ubicados en Francia que el PNV reclamó en aplicación de la Ley de Memoria Democrática y que le fueron adjudicados a través de un decreto ley del pasado 28 de enero.
Además, ha pedido que, en el mismo plazo, remita al Consejo de Transparencia copia de la información enviada a la asociación, que la había solicitado al Ejecutivo de forma previa.
En un comunicado, Impulso Ciudadano ha recordado que el pasado 14 de enero solicitó los expedientes relativos a la restitución de los edificios de Paris, Noyon y Compans reclamados por el PNV, y que tanto el Ministerio de Política Territorial como el de Política Territorial y Memoria Democrática «se habían negado a facilitar la información», oposición a la que «se sumó el propio PNV».
Según indica la asociación, tras una reclamación ante el Consejo de Transparencia, este órgano «ha desestimado todas estas objeciones» y ha afirmado que «los expedientes son información pública de interés general, vinculada al patrimonio estatal ya decisiones gubernamentales de gran trascendencia».
Además, el CTBG, en dos resoluciones del pasado 3 de septiembre, en las que estima los recursos de Impulso Ciudadano, asegura que la solicitud está «plenamente motivada en el interés general de conocer el destino de bienes públicos» y añade que la existencia de procedimientos judiciales ya cerrados «no impide la aplicación de la Ley de Transparencia» puesto que la petición se refería «los expedientes administrativos (...) y no a los procedimientos judiciales».
La asociación afirma que la resolución también señala que las alusiones a la protección de datos argumentadas para no facilitar los expedientes «carecen de fundamento» ya que el PNV «aparece como beneficiario de la norma y el resto de personas afectadas están fallecidas o sus datos ya son accesibles en archivos públicos».
