Pumpido prepara la traca final de la amnistía y enmendará al Supremo tras la advertencia de Sánchez a los jueces

El Constitucional (TC) arranca el nuevo curso con la mirada puesta, entre otros, en el recurso del ex presidente catalán y prófugo de la Justicia Carles Puigdemont, y del resto de los condenados del procés, tras la negativa del Supremo a amnistiarles por el delito de malversación. El Pleno de la Corte de Garantías se reúne, esta misma semana, para admitir a trámite el amparo de los separatistas y lo hará con la intención de enmendar la decisión de la Sala Segunda del Alto Tribunal, como ya sucedió en la primera sentencia dictada sobre la polémica norma que declaró ajustada a la legalidad.

En la recta final de su mandato al frente del órgano, y con un ojo puesto en lo que decida el Tribunal de Justicia de Europa (TJUE), Cándido Conde-Pumpido está dispuesto a eliminar cualquiera de los obstáculos con los que el Gobierno se ha ido encontrando en el camino de la aplicación del texto aprobado por Pedro Sánchez para asegurarse los siete votos de Junts en la investidura. No en vano, el pasado lunes en su entrevista más reciente, era el propio presidente el encargado de fijar las líneas maestras de la Justicia para lo que resta de legislatura: «Hay jueces que no cumplen con la ley». Y, para ellos, el tri ministro Félix Bolaños anticipaba que «el sistema de garantías y recursos», previstos en nuestro ordenamiento, «irán corrigiendo aquellas resoluciones que no son ajustadas a Derecho. Con el tiempo todo se pondrá en su sitio».

Quizás, por ello, no es casualidad que la impugnación de Puigdemont haya recaído en la magistrada catalana Laura Díez -si bien no es la ponencia cabecera que corresponde a César Tolosa responsable -, ex alto cargo de Moncloa bajo las órdenes del propio Bolaños hoy, también, titular de Justicia.

La clave, por lo tanto, no estará tanto en el qué sino en el cuándo. Y buena prueba de ello será la decisión sobre la medida cautelarísima (sin audiencia a la partes) que Puigdemont solicitó al TC para que facilite su vuelta a España sin ser detenido, dado que la orden nacional del magistrado instructor Pablo Llarena sigue vigente. Un imposible, por el momento, que será desestimado dando paso a la apertura de un incidente de cautelar ordinario y que obligará al nuevo interlocutor del PSOE, Salvador Illa, a seguir viajando a Bruselas para entrevistarse con el ex presidente fugado.

Antes de entrar en harina, sin embargo, tanto Díez, como Conde-Pumpido y, también, José María Macías tendrán que sortear las recusaciones con las que los interesados, de ambas partes, aspiran a eliminarles del asunto.

Puigdemont insiste en que el Supremo se extralimitó en la interpretación de las excepciones que contempla la ley de amnistía para no aplicársela y denuncia la «resistencia judicial» del Alto Tribunal a cumplir la norma que, curiosamente, los suyos redactaron pensando en beneficiarle.

El ex presidente separatista anhela regresar a Cataluña sin el temor a ser detenido, para ello, es «imprescindible» no sólo «garantizar la efectividad del recurso de amparo», sino reparar su «derecho fundamental a la libertad, con afectación directa al derecho a la libre circulación por todo el territorio de la UE, además del derecho a la participación política al tratarse de un parlamentario electo y en funciones». Una tarea para la que el entorno separatista confía, una vez más, en el Constitucional (TC) de Conde-Pumpido.

De hecho, en una reciente entrevista, era su propio abogado, Gonzalo Boye quien confesaba cómo las expectativas de Junts –de cuyos siete votos sigue dependiendo la legislatura para Sánchez– están puestas en la Corte de Garantías que, a su juicio, debería ser «coherente con su propia decisión de declarar constitucional la Ley de Amnistía».

Los independentistas catalanes de extrema derecha son conscientes de que el tiempo se agota, también en Bruselas. No en vano, esta misma semana el abogado general de la Unión Europea se oponía a que la Justicia comunitaria revise la decisión por la que la Eurocámara retiró la inmunidad a Puigdemont, una vez perdida su condición de diputado; y, lo hacía, tan solo unos días después de la reunión mantenida entre el ex presidente de la Generalitat y el actual titular del cargo, Salvador Illa, en lo que se interpretó como una suerte de 'amnistía política' para el primero, cortesía de los socialistas.

Pese a todos los gestos del actual Gobierno de Sánchez con sus socios, la entrevista con Illa no se celebró «en Cataluña» en el marco de la «normalidad institucional debida», insisten desde Junts. Por el momento, desde la formación continúan a la espera de que el Constitucional despeje, cuanto antes, el callejón sin salida del expresidente catalán, y del resto de los cabecillas políticos del procés, ante la negativa del Supremo a aplicarles la ley de amnistía.