El Gobierno adopta la estrategia separatista y recurre todos los reveses judiciales contra Begoña y el PSOE

Una y otra vez, decisión tras decisión y plazo tras plazo, los abogados de los separatistas catalanes han ido acuñando, como ya lo hicieran los letrados de los miembros de ETA, en los años de plomo de la banda terrorista, un método de recursos constantes contra las decisiones judiciales que les resultaban perjudiciales. Así consiguieron los Comités de la Defensa de la República (CDR) del procés, anular la causa en la que el magistrado Manuel García-Castellón -ya jubilado- les investigaba por terrorismo en la Audiencia Nacional.

Una estrategia que, tras el parón de lo tribunales en verano, han adoptado los principales imputados de las causas que salpican de corrupción al Gobierno de Pedro Sánchez. Desde su mujer, Begoña Gómez hasta el que fuera su segunda mano derecha, Santos Cerdán, los equipos jurídicos trabajan a destajo para anular pruebas, discutir diligencias, solicitar testificales o presentar informes con los que desactivar el trabajo coordinado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con los magistrados de instrucción asignados a cada caso.

La última entrega, toda una batería de escritos registrados, este mismo lunes que insisten en la persecución política de l entorno de Sánchez, propia del relato del lawfare asumido por el Ejecutivo socialista, a cambio de los siete votos de Junts en la investidura.

Y, todo ello, mismo día en el que, además, se conocía que el líder de la formación independentista catalana, y prófugo de la Justicia española, Carles Puigdemont ha recusado a tres de los magistrados del Constitucional que estaban llamados, a lo largo de esta mañana, a resolver sobre la admisión del amparo contra la negativa del Supremo a aplicarle la amnistía.

Los mails comprometidos de Begoña

Por su parte, Begoña Gómez ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que evite que los agentes policiales asignados a sus pesquisas analicen los correos electrónicos enviados y recibidos en su cuenta oficial en Presidencia, desde julio de 2018, cuando se realizó el nombramiento de su asesora, Cristina Álvarez. Cabe recordar que ambas están imputadas por malversación de fondos públicos por, presuntamente, dedicarse a actividades profesionales privadas de Gómez, con cargo a una asistente que fue contratada para otras funciones.

Así las cosas, en el recurso directo de apelación, presentado por el abogado de la mujer del presidente Sánchez, el ex ministro Ignacio Camacho, en el que se solicita a la instancia superior que anule la providencia en la que juez Juan Carlos Peinado ordenó a La Moncloa entregar dichos 'emails' con indicación expresa del nombre completo de las distintas personas que han venido desempeñando el cargo de secretario general de Presidencia, así como el nombre de quiénes «han venido autorizando, aprobando y/o ordenando el pago de las retribuciones percibidas desde el nombramiento hasta el día de la fecha».

Una resolución que, a juicio del letrado de Gómez, «carece de cualquier motivación, puesto que solo hace referencia a la forma a la que ha llegado a conocimiento del Juzgado el correo electrónico respecto al cual se adopta la medida, para inmediatamente acordar su práctica».

La solicitud de libertad de Cerdán

En la misma línea contra la UCO discurre el documento con el que Santos Cerdán intenta, por segunda vez, que el instructor del Supremo Leopoldo Puente acuerde su salida de prisión provisional.

Al más puro estilo de los cabecillas políticos del separatismo catalán, la defensa de Cerdán apela a la «causa general» prospectiva y a la intención de localizar un comportamiento delictivo en el ex diputado socialista y número tres del PSOE por su actividad política. De hecho, califica su continuidad en prisión provisional como «inconstitucional», porque: no sólo ha superado el plazo legal previsto para este tipo de casos, sino que transcurrido el mismo «no hay pruebas» en su contra y todo se sustenta en una mera «sospecha» policial.

Así las cosas, insiste en que se trata de una «pesquisa» en la que «no se investiga un hecho delictivo pasado, concreto y delimitado, tal como es propio de la jurisdicción penal, sino que construye una causa general que comprende toda la vida política» del que fuera sucesor de José Luis Ábalos al frente de la Organización socialista y «cuyo único objetivo parece ser la de alcanzar a toda costa una conclusión incriminatoria».

El silencio de la ex mujer de Ábalos

Precisamente este último, el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, trataba de secuestrar la emisión de la entrevista de su ex mujer, Carolina Perles, quien se sentaba en exclusiva para Telecinco, desde las 23.00 horas. Pese a que no lo conseguía, con sus acciones, Ábalos ha puesto de manifiesto su incomodidad con los temas que se han tratado durante la misma y que hacían referencia, en muchos casos, a cuestiones vinculadas a los delitos por los que está siendo investigado: organización criminal, malversación, prevaricación, cohecho o tráfico de influencias.

Más allá de los intentos y de las presuntas advertencias lanzadas a la propia Perles, Ábalos no ha logrado su objetivo de embargar, en los juzgados, la emisión del nuevo programa de Mediaset, El precio de la corrupción, de la mano del periodista Santi Acosta.

Y ello pese a que en un primer momento, la juez titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid, María Luisa Prieto, abría diligencias preliminares, en base a la demanda formulada por el exministro de Transportes contra la cadena, por vulneración de su derecho al honor. Finalmente la magistrada no ha aceptado la solicitud de medidas cautelares para impedir el visionado y la totalidad del material veía la luz.

Sin embargo, sigue su curso la solicitud de los abogados de Ábalos para que, en vista del contenido de las declaraciones que se han conocido, por el momento, su exmujer sea citada como testigo en el marco del 'caso PSOE' que se sigue en el Alto Tribunal. Una petición que, todavía, no ha recibido contestación por parte del juez Puente.