El Gobierno intenta hacer control de daños ante el batacazo de la reducción de la jornada

Alea iacta est, que diría Julio César. Salvo giro de guion absolutamente imprevisto, el Gobierno en general y Yolanda Díaz en particular se dirigen hoy a su primera derrota parlamentaria del curso, y no una cualquiera: la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, la gran promesa de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo para esta legislatura, perecerá bajo la bota de Junts, autor de una de las tres enmiendas a la totalidad presentadas contra el proyecto de ley que se debatirán y votarán este miércoles por la tarde (las otras dos son del PP y Vox).

Las frases que la portavoz del Gobierno pronunció este martes en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros sonaron a epitafio: «Las cartas están bastante claras (…). Parece que la votación no va a seguir», reconoció Pilar Alegría, dando por perdida una votación que la semana pasada intentaron posponer maniobrando en la Cámara Baja de Francina Armengol, aunque sin éxito.

Horas después, la propia Yolanda Díaz puso el último clavo: «Mañana (por este miércoles) probablemente haya una derrota parlamentaria, pero hay derrotas que se ganan en la calle. Vamos a ganar», pronosticó. Puesto que ya viene avisando de que lo volverá a intentar y que, mientras, aprobará por real decreto la modificación del registro de jornada.

El Ejecutivo ha empleado las últimas horas en hacer control de daños para minimizar los efectos de una derrota que incluso se niegan a llamar tal. Prefieren llamarlo «perder una votación» y creen que, al menos, servirá para que cada partido se retrate. Porque si en algo ha insistido Díaz los últimos meses es que esta medida ya está ganada en la calle, incluso entre los trabajadores de derechas. UGT y Comisiones Obreras también remarán desde fuera del hemiciclo: han convocado una concentración a las puertas del Congreso en defensa de la reducción de la jornada a las cuatro de la tarde.

No hay paños calientes posibles

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del PSOE y de Sumar por quitar hierro a la caída en combate parlamentario de la medida estrella de Trabajo, la realidad es que se trata de un revés enorme al comienzo de un curso que se prevé muy convulso. Revés del que la socia de Pedro Sánchez sale muy tocada, ella que renunció a seguir liderando Sumar (después del batacazo en las elecciones europeas) para volcarse en su trabajo en el Ministerio.

Díaz se empeñó en impulsar la jornada de 37,5 horas sin más dilación a pesar de las reticencias del ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Cuando el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley, en mayo, la vicepresidenta segunda proclamó: «El Gobierno ha cumplido, con el presidente a la cabeza, y ahora tiene que hablar la soberanía popular». Seguidamente asumió las riendas de la negociación con Junts. Incluso llegó a presumir de tener hilo directo con Puigdemont y de haber llevado a buen término negociaciones más complicadas que ésta.

Oficialmente, desde la Moncloa protegen a la socia de Sánchez y sostienen que el proyecto de ley es «de todo el Gobierno», no solo de Sumar. «Cuando salió del Consejo de Ministros salió con el acuerdo de todo el Gobierno», afirman fuentes gubernamentales. Pero, extraoficialmente, en el ala socialista del Ejecutivo hay reproches para la vicepresidenta segunda por su empeño en seguir adelante con la reducción de la jornada aun cuando la medida no estaba madura, y por la forma en la que ha conducido la negociación.

En los últimos días, a la titular de Trabajo no se le ha escuchado un ápice de autocrítica en las múltiples entrevistas que ha dado. Tampoco apenas críticas a Junts, a pesar de que Díaz cree que ha sido víctima de los cálculos políticos de Puigdemont. Por el contrario, ella ha pagado su frustración con Alberto Núñez Feijóo, a quien ha acusado de estar a punto de dar «una sonora bofetada a los trabajadores y trabajadoras de este país».

¿Y cómo va a haber Presupuestos así?

El previsible revés de este miércoles para el Gobierno lleva a pensar cómo va a ser capaz Sánchez de lograr el apoyo de Junts, ERC, el PNV, Bildu, Podemos y el BNG a los Presupuestos de 2026 si no ha conseguido siquiera convencer a Puigdemont de que permita la tramitación, solo la tramitación (la aprobación sería mucho más adelante, en cualquier caso), de la reducción de la jornada.

Desde el Gobierno desligan una cosa de otra y argumentan que, sobre esto último, Junts lleva «mucho tiempo» expresando «muy claramente» su posición política. En otras palabras: que era lo que había. No obstante, la semana pasada el presidente anunció que seguirá adelante con la legislatura aunque no le aprueben las cuentas, porque en ese caso volvería a prorrogar las de 2023. Si el mayor incentivo que tienen los socios de Sánchez -los continuos y los discontinuos- para aprobarle los Presupuestos es que no haya elecciones anticipadas, con ese mensaje lo echó por tierra.

En cualquier caso, y como contó El Debate el domingo, el Ejecutivo está en la estrategia de normalizar las derrotas parlamentarias, porque teme que cada vez van a ser más frecuentes y severas.