El Gobierno prevé un curso con duras derrotas parlamentarias y prepara su trinchera

Yolanda Díaz esbozó una sonrisa cuando Juan Ramón Lucas le preguntó el viernes en los micrófonos de RNE. «Con Junts nada, ¿no?». La vicepresidenta segunda se sirvió agua para pasar el trago y respondió, añadiendo suspense a la trama: «Estamos trabajando con Junts, y quiero dar las gracias a todas las fuerzas de este país que tienen un compromiso con una norma que saben que es importante, no puedo decir nada más».

El desenlace del enésimo culebrón entre el Gobierno y Carles Puigdemont lo podrán seguir en sus pantallas el próximo miércoles, cuando el Pleno del Congreso debatirá y votará las enmiendas a la totalidad que el PP, Vox y Junts han presentado contra la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

Llegó la hora de la verdad para la medida estrella de la también ministra de Trabajo, que está en manos de Puigdemont (qué novedad). Después de que lograra aprobar la reforma laboral por el error de un diputado del PP la pasada legislatura, Díaz confesó que habría dimitido si no hubiera salido adelante. Esta vez no ha amagado con su dimisión. Al contrario. Ha anticipado que si fracasa volverá a empezar, y que entretanto reformará el registro horario por real decreto del Consejo de Ministros, sin necesidad de que éste pase por la Cámara Baja porque tendría rango de reglamento. «El reglamento lo firmo yo», dice la vicepresidenta segunda. L'État, c'est moi, no se hable más.

Parece que dos que comparten coalición se vuelven de la misma condición, porque el presidente ya dejó claro el lunes en TVE que de ninguna manera convocará elecciones si sus socios le tumban los Presupuestos de 2026, los primeros que llevará al Congreso -si cumple su palabra- en lo que va de legislatura. «Vamos a presentarlos, vamos a pelear, y si me los tumban seguiremos con los Presupuestos (de 2023) prorrogados», señaló. La frase recuerda a otra que pronunció hace un año, cuando en un discurso ante el Comité Federal del PSOE anunció que gobernaría «con o sin concurso del poder legislativo».

Normalizar la anomalía

El encastillamiento de Sánchez y el de su socia tienen todo que ver con una estrategia que está desplegando el Gobierno en este inicio de curso. Los socialistas han normalizado a Bildu, a Carles Puigdemont, la permanencia en el cargo de un fiscal general del Estado procesado, la amnistía a unos condenados por sedición, el 7-4 en el Tribunal Constitucional, que la mujer y el hermano del presidente estén imputados, las manipulaciones del CIS, la mentira en política, la anulación sistemática de una de las dos cámaras legislativas y la utilización de la otra como apéndice de la Moncloa, las comparecencias sin preguntas del presidente, el abuso del real decreto ley, el abordaje de instituciones y de empresas públicas… y ahora también quieren normalizar las derrotas parlamentarias, porque están temiéndose que cada vez van a ser más frecuentes y severas.

En la Moncloa afirman que, en otros países, los gobiernos pierden votaciones constantemente y no pasa nada

En la Moncloa han hecho números y dicen que el Ejecutivo pierde aproximadamente una de cada 15 votaciones; que en otros países europeos es el pan de cada día que a sus gobiernos les tumben leyes y no pasa nada; que el problema de España es que aún no nos hemos hecho a la idea de que el tiempo de las «mayorías imperfectas» terminó y no volverá; que como somos una «democracia joven» nos queda por aprender; que la inestabilidad no es mala, sino el signo de los tiempos; que hay que acostumbrar a la ciudadanía a que el Gobierno va a seguir perdiendo; y, sobre todo: que es lo que hay.

Que se lo digan a María Jesús Montero, quien sabe de antemano que su principal problema en las negociaciones presupuestarias no va a ser de números, sino las otras demandas que le planteen los socios y que poco o nada tengan que ver. Podemos se ha puesto el primero en la cola: quiere que el Ejecutivo rompa relaciones con «el Estado terrorista y genocida» de Israel, intervenir el mercado inmobiliario para bajar los alquileres un 40 % y prohibir la compra de una vivienda si no es para vivir de manera habitual en ella. Con esos bueyes tendrá que arar la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.

Es lo que hay. Lo que hay es un Ejecutivo determinado a avanzar sin el legislativo cuando sea menester y, además, en guerra renovada contra el poder judicial (declarar, la declaró hace tiempo). Menuda forma de llegar al ecuador de la legislatura. «Nosotros somos absolutamente respetuosos con el poder judicial, y al contrario no tanto. Todos los días hablamos de la independencia del poder judicial. ¿Pero qué pasa, que no podemos decir nada de ellos porque son dioses? Los jueces también opinan sobre el Gobierno», afirma una fuente del Ejecutivo.