El documento de la cúpula del PP: echar a los inmigrantes que delincan y recuperar los pagos por retraso del AVE

Alberto Núñez Feijóo se ha recluido este fin de semana junto a todos los presidentes autonómicos de su partido, y la cúpula del PP ha elaborado y suscrito lo que han llamado 'Declaración de la Región de Murcia', un documento el que la formación llega a acuerdos en cuatro materias distintas: «igualdad, inmigración, transporte e infraestructuras, y defensa del sector primario».

En su introducción, el escrito de los 'populares' –compuesto de 15 páginas– pone de manifiesto que «los grandes retos pendientes en España se están agravando por la inacción y el sectarismo imperantes», y que «nada se soluciona porque la corrupción que rodea al Gobierno, al partido y al entorno personal del presidente del Ejecutivo lo ocupa prácticamente todo». En cuanto a Pedro Sánchez, se asegura que «sus problemas judiciales conforman la atmósfera habitual y lamentablemente condicionan de forma permanente la agenda política».

«Es insostenible la continuidad de un Gobierno que la Justicia señala por el amaño de contratos, el cobro de mordidas, los servicios de prostitución contratados con dinero público o el uso de la Moncloa como centro de negocios. El día a día se ve comprometido por los numerosos sumarios judiciales que pesan sobre el círculo personal y político más próximo a Pedro Sánchez y sus intentos de taparlo como sea, incluso a costa de un deterioro institucional sin precedentes», se añade.

Además, desde el PP condenan «la deriva autoritaria que ha abrazado el Gobierno central en pleno contra las instituciones que informan, investigan y enjuician su corrupción», a la vez que defienden que «tribunales, jueces, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad y periodistas deben seguir trabajando con libertad e independencia, sin verse perseguidos por nadie».

El retorno de los inmigrantes a sus países de origen

En clave inmigratoria, el partido con más diputados en el Congreso recuerda que «en solo cuatro años, la población extranjera ha aumentado en más de 1,5 millones de personas, hasta llegar a los 7 millones de personas (un 14 % del total) mientras que la población nacida en España se reduce». Así, destaca que «falta una política migratoria eficaz y esto no se soluciona ni con la política inmovilista de 'que entre quien quiera' ni con el 'hay que echarlos a todos'».

Igualmente, en el epígrafe «tolerancia cero con el delito» el escrito recoge que «la pérdida de residencia debe ser automática cuando un inmigrante incurra en delitos graves y la reincidencia no puede ser compatible con la permanencia en España», debido a que «ningún delito puede quedar impune, sea cometido por inmigrantes regulares o irregulares, al igual que el resto de ciudadanos españoles».

En relación con la gestión de los menores extranjeros que llegan a las costas españolas, el PP resalta que «el Gobierno central debe asumir su responsabilidad y las consecuencias de su fracaso en la política migratoria también en este ámbito», y, por consiguiente, exige al Ejecutivo que «garantice la determinación de edad y que asuma la atención y financiación directa de los menores no acompañados ante la actual saturación de los recursos de las Comunidades». «Consideramos que, siempre que existan datos que lo permitan, debe promoverse el retorno y la reunificación familiar en los países de origen», agregan.

No obstante, el escrito no recoge una de las medidas que ha anunciado el jefe de la oposición durante su discurso de este domingo, establecer «un nuevo visado por puntos que prime la entrada de quien quiere trabajar en los sectores donde hay falta mano de obra», medida que también beneficie a «quien conoce mejor nuestra cultura, y de quien tiene mejor capacidad de integración».

Auditoría por las pulseras antimaltrato

Respecto a la igualdad, los 'populares' expresan «el más absoluto rechazo a todas las formas de violencia machista y nuestra gran preocupación por el retroceso que se ha producido en los últimos años en materia de igualdad». De hecho, se afirma que «reafirmamos nuestro compromiso con las mujeres que sufren violencia machista, que han tenido la valentía de denunciar y cuya situación extremadamente vulnerable no admite ningún fallo».

En consecuencia, piden «la depuración de responsabilidades y la inmediata destitución de la ministra de Igualdad, como responsable directa de la gestión negligente del sistema COMETA y por haber hecho caso omiso durante meses a todas las advertencias acerca de la desprotección de miles de mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual», y también «una auditoría externa, independiente, integral y transparente: cómo se tramitó y adjudicó el contrato del sistema COMETA, cómo se implantó, qué seguimiento se ha hecho y cómo está funcionando en la actualidad»

Recuperar los pagos por retraso del AVE

En materia de infraestructuras, la declaración de Murcia denuncia «el caos ferroviario que sufren millones de españoles en su día a día: trenes que no llegan, servicios cancelados, líneas de cercanías colapsadas o suspendidas, y retrasos permanentes en la alta velocidad y en los corredores transeuropeos». De esta manera, el PP propone «recuperar» las «indemnizaciones por retrasos en los trenes de media, larga distancia y la Alta Velocidad que ha recortado este Gobierno y elaboraremos un plan de contingencia frente a situaciones de urgencia o emergencia para los pasajeros».

En este contexto, Feijóo «se compromete a presentar antes de las elecciones generales una propuesta detallada en infraestructuras para cada una de las Comunidades y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla; así como a informar, una vez que lleguemos al Gobierno, cada tres meses de la evolución en la ejecución del Plan Nacional de Infraestructuras».

«Reclamamos la elaboración de un Plan Nacional de Infraestructuras, que garantice estabilidad y seguridad jurídica, planifique y establezca las prioridades para la inversión en infraestructuras y que se diseñe de forma coordinada y consensuada con comunidades autónomas y entidades locales. No es aceptable que decisiones estratégicas se adopten con criterios partidistas o tendenciosos», agrega.

Pacto por el agua

El PP también insiste en la necesidad de un Pacto Nacional por el Agua que determine la planificación hídrica como una política de Estado. A su entender, las infraestructuras hídricas, que se concretarán en un capítulo específico del Plan Nacional de Infraestructuras, son «un pilar irrenunciable de la sostenibilidad y del futuro del medio rural, junto con los avances en las técnicas de regeneración y reutilización del agua».

En el ámbito de los regadíos el texto indica que es necesario seguir apostando por una política de modernización y la aplicación de innovaciones que permiten una reducción energética y huella hídrica.

En la 'Declaración de Murcia', el PP también destaca que el sector primario también «sufre la asfixia fiscal del Gobierno» de Sánchez y se compromete a «seguir reduciendo impuestos desde las Comunidades y a aprobar desde el Gobierno la Ley de Fiscalidad Agraria para reconocer al sector como estratégico y que favorezca el emprendimiento rural».