El trámite parlamentario para incluir el aborto como derecho constitucional exige el apoyo de 210 diputados

En pleno escándalo judicial por la entrada en vigor de las modificaciones en los juzgados Viogen que impone la ley del 'sólo sí es sí'; y, todavía abierta la herida de las miles de mujeres que, durante ocho meses, quedaron desprotegidas por el fallo de las pulseras anti maltrato; el Gobierno ha lanzado una nueva bomba de humo para recuperar el relato feminista: quiere blindar el aborto para convertirlo en un derecho constitucional.

Y, ¿por qué ahora?. La excusa planteada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido la previa aprobación por el Ayuntamiento de Madrid de una iniciativa impulsada por Vox para que sea una obligación de las administraciones informar a todas las mujeres que deciden abortar sobre la existencia una serie de secuelas físicas y psicológicas posteriores a la intervención. Ante la existencia de un discurso discrepante del oficial, el PSOE ha reaccionado para evitar, a futuro, este tipo de mensajes y requisitos complementarios en materia de aborto. Sin embargo, los socialistas son perfectamente conscientes de que, para lograrlo, necesitarán irremediablemente el apoyo del Partido Popular.

No en vano, para incorporar «el derecho al aborto en la Constitución española para consagrar la libertad y autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas», siguiendo la estela doctrinal, además, que la mayoría izquierdista del Tribunal Constitucional impuso sobre la materia, de manera encubierta, s necesario abordar una modificación de nuestra Carta Magna.

¿Cómo?. Pues, la propia Constitución recoge dos fórmulas posibles para reformar el texto aprobado originalmente y ratificado en referendum, en 1978, por todos los españoles.

En este caso concreto, se abordaría a través de la vía ordinaria y, por lo tanto, por el procedimiento más sencillo: el Gobierno o los partidos que lo conforman, PSOE y Sumar, registrarán un nuevo texto en el Congreso de los Diputados que, tras el preceptivo debate de la Cámara, como si de una ley más se tratase, debe concitar el respaldo de una mayoría cualificada de sus miembros. Esto es, tres quintas partes del hemiciclo, lo que equivale a un total de 210 diputados. Posteriormente, y sólo una vez que se ha superado el requisito numérico anterior, la modificación pasaría al Senado, donde también sería imprescindible el apoyo de 159 senadores.

Así las cosas, tal y como está conformado el arco parlamentario, en este momento, será imprescindible el apoyo del PP a la iniciativa si el Gobierno quiere hacerla prosperar. No sólo porque la mayoría absoluta del Senado la tienen los populares y, por lo tanto, es imposible sacar adelante ninguna iniciativa que no pases por su visto bueno.

Además, la unión de PSOE y Sumar, junto con el resto de las formaciones que apoyaron la presente legislatura -Junts, ERC, PNV, EH Bildu, Podemos, BNG, Coalición Canaria, Compromís y José Luis Ábalos, del grupo mixto, tan solo alcanzan los 178 escaños en el Congreso, 32 por debajo de los requeridos que, a priori, el PP ya ha dicho que no aportará. Los de Alberto Núñez Feijóo han sido claros: «Que se olviden de contar con nosotros». Y es que en Génova consideran que este nuevo debate abierto por Sánchez es un intento por «tapar» la situación judicial, cada vez más complicada, de su entorno.