Sánchez lanza el señuelo de una reforma de la Constitución imposible para incluir el aborto

A río revuelto, ganancia de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha decidido aprovechar la polémica suscitada en la Comunidad de Madrid y en el PP a propósito del síndrome posaborto -que la izquierda niega- para ponerse al frente del movimiento abortista. Como antes hizo con el movimiento propalestino, hasta que su decisión de no acompañar a la Flotilla en aguas de exclusión israelíes le granjeó las críticas de los mismos que hasta entonces le aplaudían.

El Gobierno sorprendió este viernes enviando un comunicado a las 8.35 de la mañana para anunciar que promoverá una reforma de la Constitución con el objetivo de incluir el derecho al aborto en la Carta Magna y «consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres». Lo que ese comunicado no decía es que el PSOE no tiene los votos para hacer tal cosa, porque una reforma ordinaria de la Constitución requiere mayoría de tres quintos para su aprobación.

Es decir, necesitaría al PP, y los de Alberto Núñez Feijóo se han apresurado a cerrar esa puerta. «Que Pedro Sánchez se olvide de contar con nosotros para reformar un texto que está incumpliendo, entre otras cosas, al no presentar los Presupuestos generales del Estado por tercer año consecutivo (…). No le vamos a ayudar en esa estrategia y por tanto el debate termina aquí. La opción de abortar ya está permitida y regulada en España, además de avalada por una sentencia firme del TC (de mayo de 2023, sobre la ley de plazos de José Luis Rodríguez Zapatero). No dejaremos que la izquierda reabra debates ideológicos para tapar su falta de gestión y la corrupción de sus gobernantes», según fuentes oficiales del PP.

Pero lo de menos para el Gobierno de los relatos, las cortinas de humo y los golpes de efecto es la realidad, porque el objetivo es otro. Más que un movimiento, se trata de un quiebro brusco de Sánchez en plena ebullición del caso de su mujer, a la que el juez instructor llamó ayer a comparecer ante él el próximo lunes; y con el escándalo de las pulseras antimaltrato aún humeando. Quiebro que busca no solo desviar la atención, sino emboscar al PP. Para los populares, el aborto sigue siendo un debate muy incómodo, y además en el PP no hay una postura unívoca. Menos aún desde que Vox tira a los populares del ronzal en defensa del derecho a la vida desde la concepción misma.

Se vio el martes, a raíz de que el PP aprobara en el Ayuntamiento de Madrid una propuesta para que las mujeres que quieran abortar sean informadas del síndrome posaborto, que rápidamente la ministra de Igualdad se apresuró a calificar de «bulos y mentiras». Los populares volvieron a enredarse, con declaraciones contradictorias y ambiguas, frente a la claridad del partido de Santiago Abascal en este tema. Sánchez lo sabe. Y lo utiliza. «El PP ha decidido fundirse con la ultraderecha. Allá ellos. Pueden hacerlo. Pero no a costa de las libertades y los derechos de las mujeres», escribió él mismo este viernes en X.

El comunicado del Gobierno incluye una segunda iniciativa que, a diferencia de la reforma de la Constitución, sí está en su mano. Y sin pasar por el Congreso, sino únicamente por el Consejo de Ministros: la reforma del Real Decreto 825/2010, que establece la información previa que ha de serle facilitada a la mujer que quiere abortar. Como las ayudas públicas disponibles para las mujeres embarazadas, la cobertura sanitaria durante el embarazo y el parto, los derechos laborales vinculados al embarazo y a la maternidad y las prestaciones y ayudas públicas para el cuidado y atención de los hijos e hijas, entre otras cuestiones.

Con ello, el Ejecutivo afirma que «impedirá que las mujeres que quieren interrumpir su embarazo reciban información falsa o sin evidencia científica» y se asegurará de que toda esa información «tenga base científica objetiva y esté respaldada por estándares de las instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA)».

Cabe recordar que Sánchez ya reformó la ley del aborto de 2010 la pasada legislatura, para que las menores de 16 y 17 años no necesitaran el consentimiento de sus padres para abortar. De hecho, los padres ni siquiera tienen que ser informados. Además, la norma garantiza el acceso al aborto en la Sanidad pública, crea listas de médicos objetores y financia la píldora del día después.

Pero no solo. También la pasada legislatura, el Ejecutivo reformó el Código Penal ante la presión de las clínicas abortivas, introduciendo un nuevo artículo (el 172 quater) para poder castigar con penas de cárcel de entre tres meses y un año a los provida que acuden a rezar a las inmediaciones de estas clínicas, por un delito de coacciones. Y ni siquiera tiene que mediar denuncia de la afectada, sino que puede denunciar la clínica: «En la persecución de los hechos descritos en este artículo no será necesaria la denuncia de la persona agraviada ni de su representación legal» (172 quater, punto 5).