El PP critica que de nuevo Armengol mutile propuestas aprobadas por el Senado «en un ataque caciquil a la Cámara Alta»

El PP, con mayoría absoluta en el Senado, ha vuelto a quejarse sobre el veto que el Congreso, y en concreto su presidenta, Francina Armengol, hace de las leyes que se aprueban en la Cámara Alta y que después han de pasar por la Baja. En este caso ha sido la popular Alicia García quien ha registrado un requerimiento, tanto al Congreso como al Gobierno, para exigir que se rectifique el veto a una enmienda que introdujo el PP en el Senado al Proyecto de Ley sobre Navegación Aérea «por mutilar» dicha iniciativa.

Los populares denuncian que de nuevo se está «ante un claro conflicto de atribuciones». La enmienda propuesta por el PP, con la que se solicita al Gobierno una dotación de 1.200 millones de euros para pagar la bonificación de las tasas aéreas para residentes en las islas Baleares y Canarias, y Ceuta, Melilla, salió adelante por una amplia mayoría de la Cámara Alta pero al llegar al Congreso no se tramitó. «Tras aprobarse esa enmienda en la Cámara Alta, el Proyecto de Ley se remitió al Congreso y una vez más, el Gobierno, con la complicidad de la mayoría de la Mesa, mutila esa ley, como ya hizo con la Ley de la Cadena Alimentaria, y suprime la enmienda aprobada por el PP», relatan. «Posteriormente, el Congreso debate y aprueba el Proyecto de Ley de Navegación Aérea sin esa enmienda aprobada por el Senado, en un nuevo bloqueo y ataque caciquil a la competencia legislativa del Senado, que han votado libremente los ciudadanos en las urnas», denuncian.

García recuerda que los actuales presupuestos son los del año 2023 y por tanto la partida que figura en esas cuentas se ha quedado «obsoleta». Las compañías aéreas, asociaciones y la patronal ya han recriminado que es una cantidad que «se ha quedado corta» produciendo «impagos» en 2024. «En este 2025 podría producirse la misma situación», lamentan.

Desde el PP lamentan la situación y aseguran que no se van a quedar «de brazos cruzados» y que si es necesario recurrirán al Tribunal Constitucional «para defender los derechos de los españoles».