El director de Obras Públicas de Chivite admite que retrasó la jubilación del responsable de adjudicar el túnel de Belate a Cerdán

El director general de Obras Públicas de Navarra, Pedro Andrés López Vera, responsable último de la adjudicación del túnel de Belate a la empresa de Santos Cerdán -la UTE conformada por Acciona en la comunidad autónoma y Seervinabar- ha comparecido, este lunes, en el Senado, en el marco de la Comisión de Investigación del caso PSOE.

López Vera, quien condenó al ostracismo al funcionario del Gobierno navarro que se atrevió a denuncian las irregularidades en dicha licitación, ha reconocido en sede parlamentaria que el asunto «le quita el sueño», no sólo por las investigaciones judiciales abiertas, sino por la amenaza de sanción por la Comisión Europea que se cierne sobre la tramitación de la infraestructura.

Así las cosas, a preguntas de los diferentes grupos parlamentarios, el director de obra pública de María Chivite quiso explicar las prisas para adjudicar a Servinabar en ese expediente de infracción europeo, pero lo cierto es que lo único que dejó claro es que los dos únicos dos túneles que no cumplen con la normativa europea están, precisamente, en la Administración que dirige la socialista.

El alto cargo también quiso justificar las constantes prórrogas en la vida laboral de Jesús Polo, el presidente de la mesa de contratación que permitió un vuelco de las valoraciones para que el 'pelotazo' de 76 millones de euros fuera, directamente, a la mercantil de Cerdán, asegurando que «la plantilla de Obras Públicas está en una situación muy crítica». Sin embargo, lo cierto es que, de acuerdo con las fechas comprobables, cuando ya estaba firmado el túnel de Belate, sí se le permitió jubilarse a los 73 años.

Reuniones con Antxón y con Cerdán

Lo que no ha podido negar el director de Obra Pública navarro es que en varias ocasiones mantuvo encuentros tanto con Antxon Alonso, copropietario de Servinabar, como con Santos Cerdán, aunque ha asegurado desconocer la relación de amistad y el vínculo societario que los relacionaba. Tampoco sabía, ha afirmado, que ambos eran los dueños de una de las empresas licitadoras, que fue la finalmente agraciada con el proyecto, ni que en la misma trabajasen tanto el hermano de Santos como el expresidente de la SEPI.

Sobre el destierro al funcionario que denunció las irregularidades del contrato, López Vera ha reconocido que habló con él para decirle que le enviaba a un buen destino, si bien la decisión de trasladarle fue considerada por la Oficina Antifraude como todo un acto de represalia. Una vez más, en este punto, y para negarlo, el director de Obra Pública ha criticado cómo el Ejecutivo de Chivite mantiene la plantilla de su Departamento en una «situación crítica» que, a todas luces, podría anticipar una sanción europea. Toda una confesión que le puede costar el puesto: «Si Chivite tiene que ofrecer una cabeza, la suya tiene todas las papeletas».