Una jueza recuerda a Sánchez a lo que se expone si delinque en el Senado contando mentiras

La decisión inédita de una jueza de Instrucción madrileña de abrir diligencias contra Santos Cerdán por mentir -presuntamente- en la comisión de investigación del Senado ha añadido más pólvora a la próxima declaración de Pedro Sánchez, prevista para el 30 de octubre y que ha levantado una enorme expectación.

La teoría siempre ha sido la misma: el Código Penal castiga con penas de prisión de seis meses a un año o multas de 12 a 24 meses (artículo 502.3) faltar a la verdad en una comisión parlamentaria de investigación. Pero, en la práctica, nunca había sucedido que un juez diese el primer paso. En el caso del exsecretario de Organización del PSOE, por ocultar su estrecha relación con Koldo García. O, en palabras de la magistrada Lidia María Paloma Montaño, por faltar «sustancialmente a la verdad, al concurrir indicios de una desviación clara entre la narración ofrecida por el compareciente y la realidad material sobre la que fue interrogado».

El presidente del Gobierno puede tomárselo como un aviso, a 10 días de que llegue su turno. Esta vez sí, no decir la verdad a los senadores, y a la ciudadanía a la que estos representan, podría acarrearle consecuencias legales y acabar pagándolo ante la Justicia. Hasta ahora, Pedro Sánchez ha sido pillado en múltiples mentiras en el Congreso, el Senado, la sala de prensa de la Moncloa, en comparecencias en otros países, en entrevistas en medios de comunicación españoles o extranjeros… pero siempre sin efectos, más allá de su pérdida de credibilidad.

Él ni siquiera ha reconocido nunca que haya dicho una sola falsedad, sino que siempre habla de cambios de opinión y/o de posición política. Ya fuera cuando afirmó que no dormiría tranquilo con Podemos en el Gobierno; cuando prometió traer de vuelta a España a Carles Puigdemont para que rindiera cuentas ante de la Justicia; o cuando negó, por inconstitucional, la amnistía que acabó concediendo a los cabecillas del procés a cambio de su investidura.

Todo español que sea reclamado por el Parlamento nacional o uno autonómico a una comisión de investigación ha de acudir. Sin embargo, no está obligado a declarar. Pero si decide declarar, tiene que decir la verdad. En el caso de Sánchez, la Moncloa ha adelantado que el presidente responderá a todas las preguntas de los grupos parlamentarios. En el PP ya le advirtieron el pasado jueves de que van a estar muy vigilantes: «Conviene recordar que el presidente del Gobierno está obligado a decir la verdad en la comisión de investigación del Senado, y que no hacerlo implica incurrir en un delito penal. Y nada nos gustaría más que pillarle en una mentira. Por tanto, haría bien en no facilitarnos el tener que llevarle ante los tribunales», según el partido.

A pesar de la aparente disponibilidad mostrada por Sánchez, la semana pasada su Gabinete se quejó de la fecha elegida por los populares, porque su comparecencia será un día después que el funeral de Estado por las víctimas de la DANA. No obstante, la agenda internacional del presidente no dejaba muchas más opciones al PP si querían, como quieren, que la declaración se produzca antes del inicio del juicio contra el fiscal general del Estado, previsto para el 3 de noviembre.

Los de Alberto Núñez Feijóo pretenden mantener hasta el mismo día 30 el misterio acerca de quién será el senador adscrito a la comisión de investigación que interrogará a Sánchez. O quiénes, porque en algunas sesiones se han repartido el tiempo entre dos. Las preguntas serán concretas, para intentar que el presidente afine en sus respuestas. Aunque, en los casi 20 meses que han transcurrido desde que estalló el caso PSOE, y casi 18 del caso Begoña, el líder del Ejecutivo no ha dado explicaciones de casi nada y sí muchas excusas.

Antes que el Senado, el pasado mes de febrero la Asamblea de Madrid llamó a declarar a Sánchez en la comisión de investigación sobre la Complutense. Pero él se negó a ir, con el argumento de que no estaba obligado a hacerlo al tratarse de un parlamento autonómico, y no del nacional. La Moncloa pidió un dictamen al Consejo de Estado para avalar su decisión y la avaló.

Cabe recordar, por último, que las conclusiones de cualquier comisión de investigación parlamentaria no son vinculantes para los tribunales ni afectan a las resoluciones judiciales. No obstante, su resultado puede ser comunicado a la Fiscalía para que ejerza las acciones oportunas cuando proceda.