Leire Díez promovió una campaña contra la UCO y los jueces mientras la Fiscalía miraba hacia otro lado

Cercado por los casos de corrupción, el Gobierno promovió, presuntamente, una campaña contra el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y algunos miembros del Ministerio Público, entre ellos el jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, mientras la Fiscalía General del Estado miraba hacia otro lado. Así las cosas, cuando la 'fontanera' del PSOE Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset se afanaban en recopilar información sensible con la que desprestigiar y presionar a quienes están al frente de las investigaciones por prácticas irregulares que salpican al propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la cúpula del Ministerio Fiscal, lejos de actuar, optó por el silencio.

Las últimas revelaciones del las denuncias de los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa recogidas en el sumario del 'caso fontanera', al que ha tenido acceso íntegro El Debate, han dejado al descubierto cómo, supuestamente, y siempre según la versión de los dos principales imputados, Díez y Dolset, desde La Moncloa habrían buscado obstaculizar las causas abiertas contra Begoña Gómez, por ejemplo, a través de presiones, filtraciones y ataques dirigidos contra los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley y, en concreto, los jueces instructores y los investigadores policiales, «caiga quien caiga».

En el centro de esta operación se encuentran ambos interlocutores —los conocidos como 'fontaneros' por su papel en tareas de control de daños— que, según fuentes cercanas a la investigación, habrían diseñado y ejecutado una estrategia subliminal con la que desacreditar a UCO y poner en entredicho la reputación y, por consiguiente, la independencia de sectores clave de la judicatura, con el objetivo de frenar el avance de las diligencias más comprometidas para la posición de Sánchez, en las causas de corrupción que afectan tanto a su entorno familiar como al político.

Una 'guerra sucia' promovida contra guardias civiles, jueces y magistrados con la intención de obstaculizar las pesquisas sobre las actuaciones del círculo más próximo al presidente, con la Fiscalía instalada en una llamativa 'complicidad' silenciosa de quien está llamado, precisamente, a velar por el cumplimiento de la legalidad y que provocó el malestar de Anticorrupción con la sede de Fortuny.

De hecho, en las últimas horas hemos conocido por las denuncias de los fiscales Stampa y Grinda, cómo Diez y su empresario de cabecera, dijeron actuar en nombre del '1' y atribuyeron a Sánchez las indicaciones directas para que, una vez imputada su mujer, se «limpiase» todo lo concerniente a su actividad que pudiese perjudicarla.

El modus operandi de la Fiscalía

No en vano, según los hechos denunciados por el fiscal Grinda, se produjo un intento de soborno de Díez y Dolset hacia él, en febrero de 2025, cuando en una reunión con el periodista Pere Rusiñol, éste le pidió que archivase varias causas de trascendencia política -el 'caso Pujol' o el 'caso 3%'-, al tiempo que le solicitaba datos sensibles sobre su superior jerárquico directo, Alejandro Luzón, jefe de Anticorrupción y máximo responsable del 'caso PSOE', para propiciar su destitución.

De acuerdo con el testimonio de Grinda, Rusiñol le ofreció, a cambio de su colaboración, un destino en el extranjero y el pago de una cantidad para conseguir el archivo de una demanda en su contra. Además, Rusiñol , también, le habría garantizado que el pacto quedaba avalado «por una alta institución del Estado» y reconoció que la propuesta se lanzaba a petición de Leire Díez. Esto es, la hoy imputada 'fontanera' de Ferraz y la que fuera mano derecha de Santos Cerdán, presuntamente, en las cloacas socialistas.

Pese a la gravedad de lo ocurrido, la Fiscalía Provincial de Madrid, dirigida por Pilar Rodríguez, quien estuvo coimputada con el fiscal general por la presunta revelación de datos confidenciales del novio de Díaz Ayuso, decretó el archivo de las investigaciones, apenas tres días después de asumir la denuncia de Grinda, el 19 de mayo de este mismo año, al asegurar que se había intentado contactar «hasta en nueve ocasiones» con el supuesto intermediario, el periodista Pere Rusiñol, sin éxito. Un escenario que el fiscal al frente de las averiguaciones, Juan Pablo Nieto Megotti, interpretó como una prueba de que las maniobras quedaban «residenciados en una conversación estrictamente privada, en un restringido ámbito de amigable confianza, sin mayores consecuencias de contraste».