Tensa espera en la Moncloa en la cuenta atrás del interrogatorio a Sánchez en el Senado

La cuenta atrás del interrogatorio a Pedro Sánchez en el Senado el día 30 de octubre ha comenzado y en la Moncloa se vive una tensa espera. Desde el Gobierno pronostican que hasta el próximo jueves habrá nuevos autos judiciales y filtraciones para «calentar la comparecencia» en la comisión de investigación sobre el caso PSOE. Pero, a la vez, declaran que el presidente no tiene nada que temer, nada que ocultar y que responderá a todas las preguntas.

En cualquier caso, los socialistas han empezado a agitar de nuevo la teoría de que existe una conspiración en su contra con motivo de esa cita parlamentaria; poniéndose la venda antes de la posible herida. Una operación en la que implican a la derecha política, judicial y mediática, como hicieron en anteriores ocasiones.

Fuentes de la Moncloa sostienen que no es casualidad que, de repente, Leire Díez vuelva a ocupar portadas y minutos de los informativos; ni que se conozca el sumario de las cloacas socialistas; ni que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente haya citado a declarar como testigos al exgerente del PSOE y a la secretaria que entregaba a Koldo García los sobres con dinero en efectivo solo un día antes del interrogatorio al presidente en el Senado. Ni tampoco que una jueza de Instrucción haya abierto diligencias contra Santos Cerdán por mentir en esa misma comisión de investigación.

Fuentes gubernamentales comparan el ambiente político judicial de ahora con el de primavera, antes de que el informe Cerdán de la UCO arrasara todo a su paso en el PSOE y condujese al hasta entonces secretario de Organización socialista a la cárcel de Soto del Real. «Nosotros no estamos en mayo. En mayo estábamos preocupados, ahora no», según fuentes gubernamentales, que recuerdan que entonces no sabían a qué se enfrentaban ni qué era cierto y qué no.

Alberto Núñez Feijóo se planteó su cara a cara de este miércoles en el Congreso con un objetivo: que Sánchez dijese con todas las letras que no ha habido financiación irregular en el PSOE para que quedase constancia en el Diario de Sesiones. Porque el líder de los populares y su equipo están convencidos de que la hay.

«Le pregunté aquí dos veces si creía que el señor Cerdán es honrado y me dijo que sí. En nombre de los millones de españoles honrados le pregunto: desde que es secretario general, ¿el PSOE se ha financiado ilegalmente? ¿Sí o no?», inquirió. El presidente respondió dos veces «no», a secas. Desde su equipo en la Moncloa añadieron que no es «arriesgado» para Sánchez afirmar que no ha habido financiación irregular porque «no la ha habido».

Este miércoles, el PP registró un escrito en el Supremo para que el juez instructor reclame al PSOE que presente los extractos bancarios de las retiradas de dinero en efectivo con el que después el partido pagaba en metálico. Porque hace 20 días del informe de la UCO que destapó esos pagos en efectivos y el PSOE se ha limitado a decir que ese dinero era legal y que está auditado por el Tribunal de Cuentas y por dos empresas auditoras externas privadas, pero en ningún momento ha enseñado las pruebas.

En su escrito, los populares también solicitan conocer qué cargos han cobrado en metálico y cuáles no, puesto que los principales dirigentes del PSOE no han sido claros al respecto. El propio Sánchez reconoció que lo hizo «en alguna ocasión»; Pilar Alegría afirmó que aseguraría que no pero que no lo recordaba; Óscar Puente señaló que jamás; y Óscar López no quiso responder.

Este jueves, la comisión de investigación del Senado recibirá al exgerente del PSOE y hoy presidente de Enusa, Mariano Moreno, y a la actual gerente, Ana María Fuentes. Para Moreno será la segunda vez, porque ya compareció en septiembre y negó que su nombramiento en la empresa pública del uranio en diciembre de 2021 fuese un pago por su silencio. Los interrogatorios a ambos serán el aperitivo de la gran cita del próximo jueves.

Fuentes del PP anticipan que harán al presidente preguntas muy concretas y con gran carga explosiva. Y que, si tienen el más mínimo indicio de que miente en alguna de las respuestas, presentarán una querella en el Supremo, porque los comparecientes en las comisiones de investigación parlamentarias están obligados a decir la verdad.