La abogada del Estado que defenderá el relato de García Ortiz expropió el pazo de los Franco y ha sido elegida aunque no es penalista

A escasos días de que arranque el juicio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz ha reforzado su defensa de la mano de la ex abogada general del Estado, Consuelo Castro, que se sumará a la posición de José Ignacio Ocio, el letrado público asignado hasta la fecha a la causa que se sigue contra él, en el Tribunal Supremo, por un delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Según ha podido averiguar El Debate, Castro habría sido elegida para la misión de defender el relato sostenido por García Ortiz, con el respaldo del Gobierno, pese a que, «no tiene particular conocimiento» en derecho penal.

Es decir, ha sido asignada «circunstancialmente» al caso de García Ortiz por la facultad reglamentaria que habilita al al abogado general (RD 1057/2024) a hacerlo. Una «reorganización burocrática» por «instrucción circular» ya que en ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE) no es posible alterar la actual Relación de Puestos de Trabajo (RTP), pero sí caben «reorganizaciones», apuntan varias fuentes internas consultadas por este diario.

No en vano, tras abandonar la jefatura de la Abogacía Pública –etapa durante la que se encargó de la acusación de los procesados por el 1-O catalán, en la que rebajó la calificación de rebelión a sedición– Castro regresó a un puesto activo en el Departamento de Empleo Público, al frente de los asuntos contenciosos de la Dirección General del Trabajo, con residencia en La Coruña y habilitada para teletrabajar en «grandes pleitos de cuestiones generales» como, por ejemplo, interinidades o retribuciones de la Guardia Civil.

Así las cosas, Consuelo Castro se «incorporará» al estrado de los defensores de García Ortiz, desde el próximo día 3 de noviembre, en la Sala Penal del Supremo (TS) para enfrentarse con un «peso político específico» dentro de la institución, para seguir «defendiendo la posición oficial» del Ministerio Público sobre la inocencia del fiscal general que, de acuerdo con su propia tesis, ordenó la confección de la nota de prensa con los datos confidenciales del empresario Alberto González Amador, para desmontar el «bulo» de que había sido la Fiscalía quien le había propuesto un acuerdo de conformidad.

La nulidad del pazo de los Franco

Junto con el juicio del procés, celebrado contra los cabecillas políticos catalanes que lideraron el referendum inconstitucional del 1-O, Consuelo Castro asumió otra de las causas más mediáticas de los últimos años: la que terminó con la retirada de la propiedad del Pazo de Meirás a la familia Franco. Una cuestión que, sin embargo, se encuentra recurrida en casación por la familia en el Supremo donde, a su vez, la Abogacía impugnó la decisión judicial de que el inmueble pasase a manos del Estado, junto con un total de 559 bienes muebles contenidos en el mismo, pero a cambio de una indemnización millonaria.

De hecho, fue la propia Consuelo Castro quien, en diciembre de 2020, participó personalmente en la entrega de llaves del pazo, tras la decisión de la jueza del Juzgado número 1 de Primera Instancia de A Coruña, Marta Canales, que ordenaba a los herederos del dictador integrar la edificación a la Administración General del Estado. Un acto público en el que, también, participaron los representantes legales de las partes, entre las que se encontraban la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Sada, donde está ubicada la construcción; y, la Diputación Provincial de La Coruña.

En representación de las autoridades estatales acudía Castro, quien en declaraciones a la prensa comunicaba que «a partir de este momento, con carácter de ejecución provisional, la Administración General del Estado es la poseedora del Pazo de Meirás». Un acto en el que la ex abogada general destacaba el «enorme trabajo que ha hecho la Abogacía del Estado», así como «la extraordinaria llevanza de este pleito», por parte de su equipo, pese a que se trataba de un asunto «jurídicamente complejo y muy singular».

Consuelo Castro aprovechó la ocasión para asegurar que era algo muy gratificante que el día fijado para la entrega simbólica de las llaves, coincidiese con el Día Internacional de los Derechos Humanos, «por la significación que este acto tiene en términos de memoria democrática».