García Ortiz declarará el 12 de noviembre en el Supremo que confirma su fianza de 75.000 € y acredita a más de 150 medios

Auna semana vista de que arranquen las sesiones del juicio, un total de seis, distribuidas en tres días, durante dos semanas, en jornadas de mañana y tarde, el Supremo (TS) ha notificado a las partes personadas en el procedimiento, el calendario de testificales previsto para el desarrollo de la causa especial que, por primera vez sentará a un fiscal general del Estado en el banquillo. Álvaro García Ortiz, que seguirá en su cargo con plenitud de competencias y en el ejercicio de sus funciones, tal y como adelantó El Debate, declarará el último, al término de todas las testificales, el próximo día 12 de noviembre. Tan sólo un día después, el 13 del mismo mes, a las 10.00 horas, el Alto Tribunal escuchará los informes finales.

La primera cita será el día 3 del citado mes, a partir de las 10.00 horas, en las que serán interrogados los fiscales Julián Salto, inicialmente asignado a la causa tributaria que pesa sobre González Amador; Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid y, hasta hace poco, coimputada con su jefe en el caso; Almudena Lastra, fiscal autonómica, la que se negó a redactar y difundir la nota de prensa con la que la Fiscalía asegura trató de desmentir un «bulo» sobre el presunto pacto de conformidad entre el novio de Ayuso y el Ministerio Público; y, el fiscal Diego Villafañe, mano derecha de García Ortiz en el denominado 'equipo de Fortuny'. En esa misma jornada, por la tarde, desde las 15.30 horas, el Tribunal escuchará a la jefa de Gabinete de la Fiscalía General del Estado, Mar Hedo; y, al jefe de Gabinete del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Íñigo Corral.

El día 4, martes, en horario de mañana, será el turno para la fiscal de Sala Jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General, Esmeralda Rasillo; Diego Lucas, fiscal Anticorrupción; Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid; y, Francesc Vallés Vives, jefe de la oficina de Comunicación de La Moncloa. Tras un receso, a lo largo de la tarde, será escuchados por la Sala el querellante, y presunto perjudicado, Alberto González Amador; y, Carlos Neira, el abogado del querellante en la causa penal tributaria en la que, se originó la polémica del acuerdo de conformidad.

La primera semana concluirá con las testificales del ex secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato; la directora del gabinete del Secretario de Estado, en el momento de producirse los hechos, Pilar Sánchez Acera; y, un total de seis periodistas de Vozpopuli, La Sexta, Libertad Digital, El Mundo y eldiario.es.

En cuanto a la segunda hornada de vistas, arrancará el día 11 de noviembre, a las 10.00 horas, con las comparecencias del decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón; la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite; el fiscal del Supremo y delegado de protección de datos de la Fiscalía General, Agustín Hidalgo; y, otros seis periodistas más, de El País, El Plural y la Cadena Ser.

La sesión definitiva, en la que declarará García Ortiz, al término de la misma, será para la práctica de las periciales, en las que están citados los agentes de la UCO que han intervenido en las pesquisas: tres de ellos, responsables de la entrada y registro del despacho profesional de García Ortiz, otros cinco, a cargo de la entrada y registro de la Fiscalía Provincial de Madrid; uno, encargado del volcado del contenido de los dispositivos incautados a García Ortiz; y, otros tres más, autores de los informes técnicos que obran en el sumario.

Mantiene la fianza impuesta

Por otra parte, cabe señalar que la Sala de Apelaciones ha rechazado el recurso a través del cual García Ortiz pedía que se le eximiera de prestar fianza de cara al juicio que comenzará la próxima semana en su contra, por la presunta filtración de datos confidenciales sobre Alberto González Amador –pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso–, confirmando así la cantidad de 75.000 euros que fijó el magistrado instructor, Ángel Hurtado, sobre la petición del empresario que ascendía a 300.000.

Una decisión con las que se cierra la puerta a la impugnación de la Abogacía del Estado, que actúa como defensa de García Ortiz, en la que se alegaba que el jefe del Ministerio Público está legalmente exento de prestar fianza, como todos los que «actúan en nombre del Estado».

Sin embargo, los magistrados encargados de revisar la resolución de su compañero el juez Hurtado, han respondido que la norma citada por los letrados públicos debe interpretarse en relación con los preceptos del Código Penal, que distingue entre la responsabilidad civil del Estado y la responsabilidad de sus autoridades.

La Sala expone que el Ministerio Fiscal forma parte de los órganos del Estado, pero precisa que esto «no puede conducir a extender la eficacia de la exención a las autoridades o funcionarios públicos que se integran en los distintos órganos del Estado y frente a los que se siga un procedimiento penal por su actuación personal en el ejercicio de sus funciones».

Así, sostiene que «estos últimos tienen una responsabilidad civil directa y deben responder con su propio patrimonio, por lo que es de todo punto coherente que la responsabilidad que pueda declararse en la sentencia sea objeto de medidas cautelares como la prestación de fianza».

Con todo, la Sala avala la última decisión del instructor, de fijar la fianza en 75.000 euros, descartando que sea desproporcionada, como esgrimieron los Servicios Jurídicos del Estado, y tras haber sido rebajada a la mitad, sobre la cantidad inicial impuesta en la que el propio instructor Hurtado detectó un error de cálculo.

Un amplio despliegue de medios

En relación con la cobertura del juicio que se celebrará en el Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como único autor de un presunto delito de revelación de secretos en el marco de su ejercicio profesional, el Alto Tribunal ha previsto la máxima publicidad de la causa especial, con un total de cerca de 150 medios de comunicación acreditados, de los cuales unos 20 podrán acceder a la Sala de Vistas, desprovistos de cualquier dispositivo electrónico.

La señal de las sesiones se emitirá en canal interno para todos los redactores y cronistas, pudiendo utilizarse y divulgarse al término de cada una de las comparecencias, aunque no de manera íntegra, en el ejercicio del derecho de información reconocido para los mismos, tal y como ha facilitado el Gabinete de Prensa. Si bien, no habrá streaming dado que, según ha podido confirmar El Debate, ninguna de las partes personadas en el procedimiento lo ha solicitado y, por lo tanto, el TS no está obligado a pronunciarse sobre este particular en concreto.