Otra ley trampa: la reforma Bolaños entregará la instrucción a los fiscales sin independencia real, ni medios suficientes

El pasado 23 de mayo de este mismo año, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) acordaron solicitar la retirada del anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal –que este martes aprobará el Consejo de Ministros– para abordar, antes de nada, la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que garantice la verdadera independencia de la institución y que cuente con la participación de los miembros de la Carrera en su confección.

Entre las principales novedades a incluir en el nuevo Estatuto, las entidades profesionales entendían imprescindible, y así lo trasladaban a través de diferentes vías al Ministerio de Justicia, el blindaje del fiscal que, con la dirección de la investigación penal encomendada, quede encargado de un caso concreto.

Es decir, se trata de garantizar –más allá del mero visado técnico del superior jerárquico, práctica habitual en el seno de la Institución– que cada miembro del Ministerio Público, sea cual sea el caso en el que está trabajando, goce de la capacidad, sin injerencias, ni sugerencias, de actuar bajo su propio criterio sin el temor de ser corregido, apartado o condicionado en sus escritos por intereses diferentes del mero ejercicio del Derecho y de la aplicación de la ley.

Sin embargo, en ningún momento del proceso reformista que ha iniciado el actual Gobierno en materia de Justicia, con la oposición frontal de los profesionales de la misma, se ha permitido intervenir a los quienes, día a día, se enfrentan a la práctica del ejercicio fiscal. No han podido «aportar ninguna sugerencia, ni ninguna idea», se lamentan desde el entorno asociativo.

Hasta tal punto que la entrega de la instrucción de las causas a los fiscales, no ha previsto la protección especial del fiscal investigador, ni contempla la revisión de los supuestos de avocación (cuando un fiscal jefe se atribuye para sí mismo un caso que está llevando un fiscal subordinado) ni, tampoco, ha pensado en la sustitución de un fiscal por otro en plena marcha de un procedimiento. Una suerte de decisiones de los fiscales jefes que, a juicio de la mayoría de los miembros de la Carrera, deberían «estar sujetas a un control por parte del Consejo Fiscal», para evitar la posibilidad de situaciones «arbitrarias o no justificadas».

Muy al contrario de las reclamaciones de los fiscales en activo, el texto que este martes se someterá a la aprobación del Consejo de Ministros desapodera de importantes funciones al único órgano que, hasta la fecha, y no siempre con el éxito deseable, hacía de contrapeso del cada vez mayor poder omnímodo del fiscal general del Estado: el Consejo Fiscal.

Tal es así que, por ejemplo, la norma impulsada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, para el Ejecutivo socialista, hurta al órgano la facultad que hasta ahora tenía de intervenir en la decisión de los supuestos de incompatibilidades o prohibiciones de los fiscales. Una competencia que, en cambio, pasará a depender, únicamente, de la única voluntad del fiscal general del Estado.

En la misma línea, el Consejo Fiscal no recupera la función esencial de ser determinante en los nombramientos de cargos discrecionales y, por tanto, tampoco de definir cuáles de los fiscales propuestos para un ascenso a la primera categoría del escalafón son los más adecuados para el puesto.

Y, con estas carencias, el Gobierno, envuelto en gravísimas causas de corrupción, ha pisado el acelerador de las reformas necesarias para que los fiscales asuman la función de instrucción de los delitos, sin que antes se aborden los pasos previos que, necesariamente, han de llevar aparejados la estructura y el funcionamiento de la Fiscalía. «No parece que la situación que estamos viviendo en España –con el fiscal general a punto de sentarse en el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo– traslade una imagen de tranquilidad y confianza de la ciudadanía en el Ministerio Público», denuncian desde APIF.

Por ello, la mayoría de los miembros de la Carrera y del sector jurídico, a pesar de estar de acuerdo en la necesidad de atribuir la función de la investigación a la Fiscalía, consideran que es «absolutamente necesario, con carácter previo, una reforma del EOMF que garantice al Ministerio Publico realizar esta labor con total independencia» de posibles injerencias políticas.

Faltan los medios necesarios

Además, a todo lo anterior, hay que sumar el hecho, en el que casi nadie parece estar reparando, de que la Fiscalía, hoy por hoy, «no cuenta con los medios humanos, ni técnicos, necesarios» para asumir las nuevas competencias que tendrán que asumir tras la reforma procesal en marcha.

Más allá del grueso de la modificación sobre la transferencia de la instrucción de los delitos, quedan muchos flecos pendientes sobre el «procedimiento y los criterios de reasignación de los expedientes de las investigaciones en curso», o determinar si la Sede Judicial Electrónica (SJE), que es un portal web para realizar trámites con la administración de Justicia, va a «quedar incorporado en la Fiscalía», se preguntan algunos miembros de la Carrera consultados por El Debate.

De hecho, varios de ellos han afeado el hecho de que el legislador sólo tenga en cuenta la «prueba» como parte central de la práctica del juicio oral, «obviando que para llegar a ese momento» es necesario, antes, «procesar mucha información, precedida de mucha gestión previa». O, lo que es lo mismo, la reforma del Gobierno dejaría fuera las «diligencias de investigación no jurisdiccionales, que no sean limitativas de derechos fundamentales», como los requerimientos a entidades bancarias, asientos en registros públicos, etc. «que no se sabe cómo quedarán articulados cuando deban ser directamente acordados por la Fiscalía».

«¿Cómo se van a leer, etiquetar o almacenar todos los medios de futura prueba?», se preguntan los fiscales. «¿Se van a habilitar nuevos espacios, sillas, equipos o se ha previsto, por ejemplo la proximidad pericial en el nuevo organigrama de instrucción de los fiscales?», plantean. Así como qué tipo de recursos se les asignarán para «preparar las evidencias para presentarlas en el juicio oral, porque los soportes electrónicos son amplios y las licencias de Justicia no son las mejores, ni las más compatibles, en general para poder leer todos los efectos incautados en entradas y registros y poder trocear, en consecuencia, aquellas partes de los mismos que sean relevantes en las causas», se lamentan los profesionales.