Torres reconoció a Sánchez en privado hace cinco meses dudas sobre su mano derecha en Canarias: «No descarto que alguien cobrase»

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, reconoció en privado ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tenía dudas sobre si alguien de su entorno en Canarias pudo percibir comisiones irregulares durante la pandemia. «No descarto que alguien cobrase», trasladó al jefe del Ejecutivo, según ha podido confirmar este periódico. La conversación tuvo lugar en el Palacio de La Moncloa y coincidió en el tiempo con el avance de las pesquisas policiales sobre los contratos de mascarillas adjudicados durante su etapa como presidente autonómico.

El encuentro se produjo el pasado 17 de junio, horas después del Consejo de Ministros. Según fuentes conocedoras de aquella cita, fue el propio Sánchez quien convocó a Torres para recabar información directa sobre la evolución de la investigación y la posible implicación del entonces expresidente canario. En ese momento, Santos Cerdán acababa de ingresar en prisión provisional y diversas informaciones periodísticas, entre ellas algunas de El Debate, apuntaban a que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ultimaban un informe en el que constaría el nombre de Torres vinculado a dos vertientes de la trama: los contratos sanitarios y los contactos para explorar una inversión privada vinculada a una refinería en Canarias.

La preocupación en Moncloa era máxima. Sánchez y figuras relevantes del PSOE, como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, habían defendido públicamente a Cerdán y denunciado supuestas campañas de desinformación. Ante la posibilidad de que la investigación avanzara hacia el ámbito político, Sánchez quiso conocer el alcance real de las comunicaciones del ministro con miembros de la red investigada. Tal y como ha podido saber este periódico, Torres admitió que existían mensajes con Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, y el empresario Víctor de Aldama, y que no podía garantizar que todos los miembros de su equipo hubieran actuado correctamente.

Durante aquella conversación, Torres deslizó ante Sánchez sus sospechas sobre Antonio Olivera, quien entonces ocupaba la Viceconsejería de Presidencia del Gobierno canario y posteriormente fue nombrado jefe de Gabinete del ministro tras su salto al Ejecutivo central. Torres transmitió que había tenido noticia de intercambios de mensajes entre Olivera y Koldo y explicó que el pasado 1 de abril le solicitó que abandonase el cargo, a lo que Olivera accedió presentando su dimisión. Torres aseguró al presidente que él no había percibido cantidad irregular alguna pero, al mismo tiempo, sostuvo que no podía «poner la mano en el fuego» por terceros.

La revelación sitúa a Sánchez con conocimiento previo, desde hace al menos cinco meses, de que existían conversaciones relevantes en el seno de su propio Gobierno relacionadas con los investigados. Además, señala que el Ejecutivo era consciente de que Olivera podía aparecer en las comunicaciones analizadas por la UCO antes de que estas formasen parte del informe policial enviado al Tribunal Supremo y posteriormente a la Audiencia Nacional. Los investigadores consideran acreditado que Torres mantuvo una interlocución directa con Koldo durante la pandemia y se interesó por la resolución de pagos vinculados a los contratos sanitarios, que ascendieron a 12,3 millones de euros y fueron adjudicados por vía de emergencia a la empresa Soluciones de Gestión.

Contactos «estrechos» con la red

Entre los mensajes incorporados al procedimiento constan expresiones como «estoy encima de tu pago» trasladadas por Torres al intermediario para confirmar la tramitación de facturas relacionadas con mascarillas suministradas al Servicio Canario de Salud. Igualmente, el análisis policial documenta comunicaciones en las que se evidencia la presión interna sobre responsables técnicos del área económica del Gobierno autonómico. Una de las funcionarias alertó de que el precio del material superaba los valores habituales del mercado y que debía cumplir con los procedimientos mínimos de verificación. Pese a ello, la operación se validó y la empresa recibió el encargo. Según la UCO, la interlocución con Koldo permitieron acelerar la tramitación y culminar el contrato.

La documentación remitida por los agentes incluye también conversaciones sobre la gestión de test PCR y otros suministros sanitarios, así como referencias a gestiones para coordinar reuniones al máximo nivel. En una de ellas, Torres señala a Koldo que si no avanzaba una decisión sobre test de antígenos llamaría al presidente del Gobierno o al entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa. En otro mensaje, donde se cita una cena celebrada en Madrid, se alude a la presencia de Ábalos y a la intención de abordar «temas de facturas». Además, el informe policial describe el papel de Olivera como interlocutor en distintas fases del proceso administrativo. Según los investigadores, tras recibir el contacto facilitado por Koldo, el entonces alto cargo canario indicó que «es posible que nos quedemos dos millones de unidades», anticipando compras antes incluso de formalizarse los contratos.

La UCO concluye que el binomio Koldo-Ábalos fue determinante para facilitar el acceso de la empresa investigada a diversas administraciones y que la relación entre Aldama y los intermediarios permitió influir en decisiones públicas en el contexto de la emergencia sanitaria. Este martes, Torres ha comparecido ante la prensa para defender su actuación. Ha afirmado que en Canarias «se actuó conforme a la ley», que se limitó a «garantizar el cumplimiento del contrato» y que «no existe prueba alguna de beneficio personal». El ministro insistió en que las compras se realizaron en circunstancias «extraordinarias» y ha recalcado que no existe «ninguna conducta ilícita» por su parte. «No tengo nada que ocultar», sentenció.