La UCO certifica que la trama de las mascarillas que se enriqueció con comisiones tenía «una relación fluida» con miembros del Gobierno

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha certificado en un informe remitido al Tribunal Supremo que la trama de las mascarillas mantuvo «una relación fluida» e intervención directa con miembros del Gobierno durante la pandemia. El documento policial sitúa como figura central a Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, a quien los investigadores atribuyen un papel activo para agilizar pagos millonarios a la empresa Soluciones de Gestión durante su etapa como presidente de Canarias.

Las comunicaciones analizadas por los agentes revelan que Torres mantuvo interlocución directa con Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, para acelerar cobros pendientes a la compañía que canalizó uno de los principales contratos bajo sospecha. «Estoy encima de tu pago. Ya está validado el material y Hacienda ya ha hecho el trámite», fue uno de los mensajes intervenidos y recogidos por la UCO en referencia a la liberación de fondos públicos vinculados a los contratos de adquisición de mascarillas. En otro intercambio posterior, el actual ministro admite que está al tanto de las gestiones administrativas y se implica personalmente en la resolución del expediente: «Tranquilo, que estoy con la responsable de recursos económicos de Sanidad». Dos días más tarde, insiste: «Te va a llamar Antonio Olivera porque estoy encima de tu pago».

Las capturas incorporadas al informe reflejan también episodios de tensión derivados de la negativa de una funcionaria del Gobierno canario a autorizar los pagos hasta verificar la correcta tramitación. El propio Torres llegó a trasladar su preocupación en estos términos: «Déjame el día de hoy que me voy a cagar», afirmó ante la demora en la liberación de fondos a la empresa, según las conversaciones intervenidas. La funcionaria advertía de que el precio del material estaba «fuera de mercado» y recordaba que debía «comprobar unos mínimos». A juicio de la UCO, estos mensajes acreditan que el entonces presidente canario seguía de primera mano el desarrollo del expediente y que asumió directamente la interlocución con los responsables administrativos para desbloquear los pagos.

El informe detalla que el empresario Víctor de Aldama ejerció una «influencia acreditada» en la administración canaria «mediante el empleo de Koldo y Ábalos». Según los agentes, Soluciones de Gestión se aseguró adjudicaciones públicas gracias a esa cadena de contacto que conectaba al comisionista con el núcleo del Ministerio de Transportes. La UCO explica que Koldo percibió comisiones periódicas en metálico desde al menos octubre de 2019, lo que le permitía reclamar favores y garantizar acceso a niveles altos del Ejecutivo. Esa remuneración, detallan, se mantuvo hasta septiembre de 2022, periodo en el que la empresa suministró mascarillas a distintas administraciones.

La primera referencia de los investigadores a la relación de Torres con la red se sitúa en abril de 2020, cuando Koldo facilitó a Aldama el contacto del entonces viceconsejero de Presidencia de Canarias, Antonio Olivera. En los intercambios intervenidos, Olivera confirma la disposición del Gobierno para adquirir material sanitario y comunica avances en tiempo real. «Es posible que nos quedemos con dos millones de unidades», llegó a trasladar en una de las conversaciones analizadas. Los agentes subrayan como dato significativo que Soluciones de Gestión ya estaba suministrando mascarillas antes de que se formalizara la adjudicación del contrato, que se firmó el 22 de abril de 2020. La operación se articuló por la vía de emergencia y ascendió a 12,3 millones de euros.

Una reunión clave

La directora de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud manifestó reparos administrativos y avisó de que la adquisición debía ser convalidada, puesto que el precio superaba los valores de referencia del mercado y existían reservas suficientes en los almacenes públicos. A pesar de esas objeciones, el procedimiento avanzó para registrar y dar de alta a la empresa en los sistemas contables autonómicos. El informe resalta que la aprobación del material no se realizó mediante examen directo previo y que la validación del expediente se produjo cuando el producto ya se daba por entregado. Paralelamente, la interlocución entre Koldo y el entorno de Torres continuó para garantizar los pagos.

La UCO destaca que, además de los intercambios telemáticos, existieron encuentros presenciales. Entre ellos, una reunión celebrada en Madrid el 15 de julio de 2020 en la que participaron el propio Torres, Koldo y José Luis Ábalos «para hablar de facturas» y en fechas coincidentes con el abono de comisiones investigadas. Aunque estaba previsto que asistiera Francina Armengol, presidenta del Congreso, finalmente no acudió. Los investigadores consideran que esa agenda y el contenido de los mensajes evidencian una interacción continuada entre miembros del Gobierno y la red investigada con el objetivo de «perfeccionar las conductas» bajo examen judicial.

La administración que dirigía Torres adjudicó cuatro contratos a Soluciones de Gestión por vía de emergencia durante los meses más críticos de la pandemia. El conjunto de las contrataciones ascendió a 12 millones de euros. De forma paralela, Canarias también encargó material a la compañía vinculada a Megalab, con la intermediación de Koldo, por un importe de 5,36 millones para pruebas diagnósticas. El informe remitido por la UCO sostiene que la trama se benefició de «acceso directo» a altos cargos y que la interlocución se adaptó a la «capacidad de actuación» de los implicados. Según el documento, esa estructura permitió influir tanto en la adjudicación de contratos como en la posterior tramitación de pagos.

Torres ha manifestado en sede parlamentaria que «en Canarias se hicieron las cosas de la mejor manera posible» y que no intervino para acelerar pagos. Asegura que los retrasos se debieron a procesos administrativos y ha defendido que el Gobierno autonómico incluso llegó a incumplir plazos de pago por motivos técnicos. También ha señalado que en las conversaciones intervenidas «no habrá nada fuera de la legalidad». Para la UCO, la documentación intervenida y las comunicaciones analizadas confirman «una relación fluida» entre la trama y responsables públicos durante la contratación extraordinaria de material sanitario. Su informe concluye que la empresa investigada tuvo acceso privilegiado y que esa posición estuvo reforzada por la intervención directa de cargos gubernamentales.