El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños
Bolaños ve una «victoria rotunda» del Gobierno en el dictamen del abogado de la UE sobre la amnistía
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado como «victoria rotunda» para el Gobierno la resolución del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía.
Bolaños ha hecho estas breves declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, apuntando que solo ha podido ver el resumen del dictamen y una vez lo lea al completo comparecerá ante los medios.
En la misma línea, fuentes gubernamentales consideran «magnífico» el contenido de la resolución emitida por el Abogado General del TJUE, que señala que algunas disposiciones de la Ley Orgánica de Amnistía pueden ser incompatibles con el derecho comunitario –como el plazo de dos meses para dictar si la norma es aplicable en un caso– aunque descarta la «autoamnistía» o que esta colisione con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo o afecte a los intereses financieros de la Unión.
La opinión del letrado europeo no es vinculante para el Alto Tribunal comunitario cuando dicte sentencia, pero suele marcar la línea de la gran mayoría de sus fallos.
El TJUE ha recibido cuestiones prejudiciales relacionadas con la aplicación de la amnistía en cuatro asuntos, pero hasta la fecha sólo se han celebrado vistas para dos de ellos, que es sobre los que se pronuncia este jueves el abogado luxemburgués Dean Spielmann.
En concreto, se refiere primero a la responsabilidad contable del prófugo de la Justicia expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y otras personas en el uso de fondos públicos para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, y para apoyar la acción exterior del procés.
El segundo asunto sobre el que se pronuncia responde a la consulta remitida por la Audiencia Nacional en el caso de terrorismo atribuido a varios miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) para aclarar si la aplicación de la amnistía en este caso contravendría el Derecho comunitario y garantizaría la impunidad de los delitos.
