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La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedrasEuropa Press

El juez Peinado encarga a una asociación un informe para esclarecer el intrusismo que imputa a Begoña Gómez

Acción que ha reclamado después de que en octubre la Audiencia Provincial de Madrid emitiese un auto en el que le decía que las imputaciones de intrusismo y corrupción en los negocios exigen «una mínima verificación judicial»

El juez Juan Carlos Peinado ha encargado a la Asociación Española de Abogados del Estado que elabore un informe sobre las «cualificaciones académicas y titulación exigibles» para elaborar «cualquier pliego de condiciones» en la adjudicación de contratos de servicios y así, esclarecer si la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, cometió un delito de intrusismo –por el cual está imputada– cuando firmó los pliegos para la contratación de patrocinadores de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

Acción que ha reclamado después de que en octubre la Audiencia Provincial de Madrid emitiese un auto en el que le decía que las imputaciones de intrusismo y corrupción en los negocios exigen «una mínima verificación judicial sobre su consistencia, antes de continuar por nuevas fases del procedimiento». La mujer de Pedro Sánchez está investigada por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, malversación e intrusismo.

El juez abrió una nueva línea de investigación a consecuencia de otra querella presentada por Vox por presuntas irregularidades en el registro del 'software'. Según la tesis de Peinado, Gómez «suscribió documentos y pliegos técnicos» de un contrato con Deloitte «para el desarrollo del software» por la cátedra que codirigía en la UCM, «para los cuales no reunía la capacitación adecuada». A lo largo de la investigación, la defensa de la esposa de Sánchez ha insistido en que firmó dichos pliegos por órdenes de la propia universidad, desmarcándose así de cualquier irregularidad.

Esta decisión del juez se produce después de que el pasado domingo archivase la investigación por presunta malversación contra la secretaria general de Moncloa, Judit González, a la que imputó recientemente al considerar «plenamente acreditado» que no incurrió en dicho delito.