Estos son los pasos necesarios para que Teresa Peramato asuma el cargo de fiscal general del Estado

Este martes, 25 de noviembre, el Consejo de Ministros nombrará a Teresa Peramato, fiscal de la Sala del Tribunal Supremo (TS), fiscal general del Estado. De este modo, sustituirá al condenado Álvaro García Ortiz tras su dimisión, anunciada este lunes, sin esperar a la sentencia que lo inhabilitaría de su cargo.

Según el artículo 124.2 de la Constitución, el fiscal general del Estado es designado por el Rey a propuesta del Gobierno. Antes de que el nombramiento se haga efectivo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe emitir un informe sobre el perfil de la persona propuesta, aunque dicho dictamen no es vinculante. Hasta ahora, García Ortiz ha sido el único fiscal general considerado no idóneo por el órgano de gobierno de los jueces.

El nombramiento está a su vez regulado en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En su artículo 29 establece que este cargo será elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. Peramato cumpliría estos requisitos, ya que es fiscal con 35 años de ejercicio.

La normativa dispone que, cuando el nombramiento recae en un miembro de la carrera fiscal, éste pasa a la situación de servicios especiales. Así ocurrió con García Ortiz, también perteneciente a dicha carrera.

Próximos pasos

Una vez publicado el informe no vinculante del CGPJ, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados. Este organismo convocará la comparecencia de Peramato ante la Comisión de Justicia de la Cámara, donde tendrá que informar sobre su currículum y dar a conocer cuáles serán sus principales líneas de actuación para que los diputados valoren sus méritos e idoneidad.

El resultado no es vinculante pero una vez terminados los trámites el Gobierno acordará su nombramiento definitivo como fiscal general del Estado. Así, Peramato tendrá que presentar juramento o promesa ante el Rey Felipe VI y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.

Fiscal general del Estado

El fiscal general del Estado es la máxima autoridad del Ministerio Fiscal y tiene la responsabilidad de dirigir la acción de la justicia, garantizar el cumplimiento de la ley y proteger el interés público y los derechos de los ciudadanos. Su mandato es de cuatro años y solo puede ser cesado por las causas tasadas en la ley, como la renuncia, la incapacidad o un incumplimiento grave de sus funciones.