La asociación mayoritaria de jueces afea el «quebranto» de Sánchez al Supremo tras sus críticas por la condena de García Ortiz

«En un Estado democrático de Derecho como es el que proclama el articulo primero de nuestra Constitución, el respeto al Poder Judicial y por lo tanto a las decisiones emanadas de Jueces y Tribunales es un postulado esencial que obliga a la sociedad en su conjunto y, en particular, a quienes ostentan responsabilidades institucionales de Gobierno», recuerda la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en un comunicado, emitido este viernes, en el que critica las valoraciones negativas del Ejecutivo al fallo condenatorio, adelantado, del Supremo en la causa especial contra el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Jueces y magistrados consideran que las «recientes declaraciones del Sr. Presidente del Gobierno, realizando afirmaciones categóricas en torno a la culpabilidad sobre un asunto que estaba siendo todavía juzgado» por el Alto Tribunal, «solo pueden ser calificadas como una intromisión que al mismo tiempo quebranta ese deber de respeto que debiera vincularle», como titular de uno de los poderes del Estado frente a otro de ellos.

No en vano, «la desautorización dirigida en los días posteriores contra la decisión avanzada por la Sala Segunda del Alto Tribunal, supuso un nuevo traspaso de la barrera de lealtad institucional, especialmente censurable cuando ni siquiera se aguardó a conocer las razones por las cuales se pronuncia la condena del Fiscal General del Estado», continúa el texto de la APM, al que ha tenido acceso El Debate.

Y es que, la mera «advertencia sobre la posibilidad de revisar las potestades de tutela de los derechos e intereses legítimos colisiona también frontalmente con el propio texto constitucional».

Por ello, la Asociación Profesional de la Magistratura, actuando, una vez más, en defensa de «los valores que inspiran su compromiso con la sociedad, no puede sino deplorar y exigir el cese de tan graves ataques y descalificaciones como son los que vienen reiterándose contra el Tribunal Supremo y el Poder Judicial en su conjunto, absolutamente impropias en una democracia avanzada».

Al mismo tiempo, «como se proclama en las conclusiones del presente Congreso Nacional, estamos en condiciones de garantizar al conjunto de la sociedad que, como implica la formula de juramento que hicimos con motivo de nuestro ingreso en la carrera judicial, seguiremos dedicando lo mejor de nosotros mismos a la tarea de administrar recta e imparcial Justicia frente a todos», concluye la nota institucional.