Sánchez cambió la Ley de Costas y concedió 40 millones para que el PNV hiciera otras dos sedes del Guggenheim

El PNV lleva años soñando con el proyecto de construir dos nuevas sedes del Museo Guggenheim, una en los Astilleros de Murueta y la otra en la antigua fábrica Dalia de Guernica, que quedarían unidas por una senda de varios kilómetros. Ambas se proyectan en terrenos ganados a las marismas, dentro de la única reserva de la biosfera que hay en el País Vasco, la de Urdaibai (Vizcaya).

La idea última era trasladar a una de las nuevas sedes del museo el Guernica de Pablo Picasso, cuadro encargado y pagado por el Estado español y que se exhibe en el Reina Sofía de Madrid desde 1992. De esta forma, pretendían asegurarse un número elevado de visitas que justificara la inversión.

El proyecto, valorado en unos 130 millones de euros y que abarcaría más de 60.000 kilómetros cuadrados, cuenta desde hace años con el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez, que llegó a cambiar la Ley de Costas para ajustarla a las necesidades de su socio parlamentario, el PNV. En un claro ejemplo de «leyes a la medida», el Ministerio de Transición Ecológica redujo de 100 a 20 metros la zona protegida en Murueta para que se pudiera construir el museo.

Sánchez también aprobó en julio de 2023, en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones generales, una subvención de 40 millones de euros para construir las dos nuevas sedes.

A punto de naufragar

Sin embargo, este ambicioso proyecto está a punto de naufragar. En las próximas semanas, el patronato del museo deberá tomar una decisión definitiva: continuar con el proyecto o renunciar. Y lo más probable es que lo descarte para siempre para evitar un largo proceso judicial y el daño reputacional que le ocasionaría en una materia tan sensible como es la protección de la naturaleza.

Nadie entendería que cuando se está ordenando la demolición de cientos de casas antiguas próximas a la costa, el Guggenheim levantara dos museos en plena zona protegida, aunque se haya retorcido la ley para darle apariencia de legalidad.

Demanda contra la reducción de la costa

Uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan es la demanda interpuesta por Greenpeace ante la Audiencia Nacional contra ambos Gobiernos, el de España y el vasco, por reducir, de 100 a 20 metros, la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre de Murueta, en contra de lo establecido en la Ley de Costas. La reducción de la zona de servidumbre se aprobó a petición de la Diputación Foral de Vizcaya mediante una orden del Ministerio para la Transición Ecológica con fecha de 19 de octubre de 2023, cuando Teresa Ribera lo dirigía.

Según Greenpeace, el proyecto también incumpliría la legislación europea, dado que se asentaría en las marismas de Urdaibai, zona integrada en la Red Natura 2000 y declarada de especial protección. Además, se levantaría en una zona inundable, debido a la previsible subida del nivel del mar.

A la demanda de la asociación ecologista se suman las protestas e iniciativas de la plataforma Guggenheim Urdaibai Stop y las numerosas trabas administrativas y técnicas que retrasarían el proyecto varios años, como cambios urbanísticos, la indemnización al astillero o la descontaminación de los suelos.

Además, en su pulso constante con el PNV, Bildu ha trasladado la decisión a los ciudadanos y ha exigido que se celebre una consulta popular vinculante sobre la construcción de las dos nuevas sedes del Guggenheim.

Los obstáculos, que ya se divisaban entonces, llevaron en enero de 2024 al entonces lendakari, Iñigo Urkullu, a abrir un periodo de reflexión de dos años de duración. Este plazo termina ahora y obligará al patronato del Guggenheim a tomar una decisión definitiva.