El exdirector general de Carreteras, Francisco Javier Herrero, comparece en la comisión del ‘caso Koldo’, en el Senado
Tribunales
Anticorrupción detecta una transferencia sospechosa de 25.000 euros al exdirector de Carreteras
El foco de las pesquisas se sitúa en Francisco Javier Herrero Lizano
La Fiscalía Anticorrupción investiga posibles irregularidades en torno a la adjudicación de un tramo de la Autovía A-68 en La Rioja, una obra licitada por la Dirección General de Carreteras y adjudicada en septiembre de 2019 por un importe superior a 92,4 millones de euros a una unión temporal de empresas (UTE) formada por Acciona Construcción y Aquaterra Servicios Infraestructuras.
El foco de las pesquisas se sitúa en quien era entonces director general de Carreteras, Francisco Javier Herrero Lizano, que ocupaba el cargo incluso antes de la adjudicación del contrato. La investigación ha cobrado relevancia tras el registro de su domicilio el 26 de junio de 2025, en el que los agentes intervinieron diversa documentación y dispositivos electrónicos.
Entre el material incautado figura un elemento que ha llamado especialmente la atención de los investigadores: una cuenta de correo electrónico con dominio de la empresa Aquaterra (jherrero@aquaterrasi.es) que estaba configurada en un ordenador vinculado a Herrero. Según consta en la documentación analizada, esta cuenta contiene al menos 145 correos electrónicos, siendo la primera comunicación registrada de noviembre de 2024.
Los investigadores subrayan que, hasta el momento, no se ha acreditado ninguna relación contractual entre Herrero y la citada empresa, lo que hace especialmente relevante el hecho de que dispusiera de una dirección de correo corporativa vinculada a una de las adjudicatarias de la obra.
A este hallazgo se suma información bancaria remitida en febrero de 2026 por una entidad financiera al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC). En dicha comunicación se alerta de una operativa sospechosa relacionada con una cuenta a nombre de Herrero, abierta recientemente.
Según estos datos, la cuenta recibió una transferencia de 25.440 euros procedente de Aquaterra, en concepto de una factura identificada como «fra 1001/25». Poco después de recibir el dinero, Herrero transfirió 12.500 euros a otra cuenta de su titularidad en la misma entidad.
Documentación justificativa
La entidad bancaria requirió documentación justificativa de la operación. La factura aportada presentaba un concepto considerado «genérico», sin detallar el motivo concreto del pago, lo que impide esclarecer la naturaleza de los servicios presuntamente prestados. Además, la factura está fechada un mes antes del registro domiciliario practicado por los investigadores.
La investigación también se apoya en informes previos remitidos al Tribunal Supremo. En uno de ellos, fechado en junio de 2025, se recoge el interés mostrado por Herrero y por Koldo García Izaguirre en la adjudicación de esta obra en concreto.
«Bingo!!! En Logroño»
De hecho, consta una conversación mantenida entre ambos en abril de 2019 a través de mensajería móvil en la que Herrero habría escrito el mensaje: «Bingo!!! En Logroño», en aparente referencia al contrato finalmente adjudicado meses después.
Asimismo, en grabaciones atribuidas a García Izaguirre, este menciona en varias ocasiones supuestos pagos vinculados a adjudicaciones de obra pública, en los que también aparece el nombre del exministro José Luis Ábalos, señalando que dichos pagos se habrían canalizado a través de terceros.
Los informes policiales recogen distintos extractos de estas conversaciones en las que se relacionan presuntos cobros con adjudicaciones concretas, entre ellas algunas vinculadas a Acciona. No obstante, estas afirmaciones forman parte de la investigación en curso y deberán ser corroboradas en sede judicial.
Una investigación en curso
Por el momento, la causa sigue bajo investigación y no se han establecido conclusiones definitivas sobre la existencia de delito. Las diligencias se centran en determinar si existieron contraprestaciones económicas indebidas relacionadas con la adjudicación de contratos públicos y en esclarecer la naturaleza de los vínculos entre los implicados y las empresas adjudicatarias.
El caso se enmarca en un contexto más amplio de investigación sobre posibles irregularidades en la contratación pública, que afecta a distintos expedientes y que continúa avanzando bajo la supervisión de la Fiscalía Anticorrupción y del Tribunal Supremo.
