La presidenta del Congreso pide al Supremo declarar por escrito en el primer juicio contra Ábalos y Koldo

Como ya hiciera su compañero de Gobierno, el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres, la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha solicitado a la Sala Segunda del Supremo declarar por escrito, tras ser citada como testigo en el juicio del 'caso mascarillas' que arrancará, el próximo día 7 de abril, contra el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García Izaguirre. Así lo recoge una diligencia del Alto Tribunal a la que ha tenido acceso El Debate, este mismo lunes.

Cabe recordar que ambos, tanto Torres como Armengol, tienen la obligación de responder a todas las preguntas que le formulen tanto las acusaciones, como las defensas y los magistrados y decir la verdad en sus respuestas. No en vano, el interés de la información que puedan proporcionar a la causa se basa en que los dos tramitaron la compraventa de material sanitario para sus respectivas comunidades autónomas, Canarias e Islas Baleares, en pandemia, a través del Ministerio de Transportes.

En la misma línea procesal que el ministro Torres, que hace tres días se dirigió al Supremo en otro escrito, Armengol hga pedido que se le remita el pliego de preguntas correspondientes para cumplir con su obligación, documento al que contestará por escrito y que remitirá, de nuevo a la Sala, «en la forma legalmente prevista». Lo cierto es que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) «incluye entre las personas que están exentas de la obligación de declarar de manera presencial a los presidentes de las comunidades autónomas» como fue el caso de Armengol entre los años 2015 y 2023.

Koldo pide imputar a Ineco y Tragsatec

Además, este diario ha tenido acceso a la Diligencia de Ordenación por la que el Tribunal competente para juzgar a Koldo y Ábalos ha ordenado unir a los autos judiciales, el escrito por el que la defensa del ex asesor ministerial se ha opuesto al ofrecimiento formulado por la Sala Segunda a las entidades públicas Ineco y Tragsatec, «para personarse como acusaciones» si consideran que pudieron ser «perjudicadas por el delito de malversación» que pesa sobre los dos acusados ex socialistas. No en vano, cabe recordar que Ábalos, con la ayuda de Koldo, enchufó en sendas sociedades a la que fuera su amante Jéssica Rodríguez, que estuvo cobrando un sueldo público durante casi dos años, sin ir a trabajar.

Para la letrada Leticia de la Hoz se da una clara «incompatibilidad de la condición de perjudicado con la responsabilidad penal» que, según su criterio, afecta a las dos instituciones en la trama que se sienta en el banquillo. Y, por ello, sostiene que «no procede el ofrecimiento de acciones a las referidas entidades toda vez que, por la propia naturaleza de los delitos investigados, dichas personas jurídicas no pueden ostentar la condición de perjudicadas, sino que deberían ser objeto de la acción penal en calidad de responsables».

«Respecto al delito de malversación, el artículo 435.5 del Código Penal establece, expresamente, la responsabilidad penal de las personas jurídicas en este tipo delictivo», afirma la representante legal de Koldo, por lo que «los hechos objeto de enjuiciamiento presuponen que alguien en el seno de estas sociedades, en connivencia con los acusados, ha cometido el presunto delito».