El papel nuclear de Koldo en la trama corrupta del PSOE

El nombre de Koldo García Izaguirre ha pasado de ser una nota a pie de página en los organigramas del Partido Socialista a ocupar el centro de una de las investigaciones de corrupción más sensibles que han sacudido al PSOE en años. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo ha situado como el supuesto eje de una red de comisiones ilegales, que comenzó por la compra de mascarillas durante la pandemia y que ha acabado con dos ex secretarios de organización socialistas — Santos Cerdán, ya en libertad, y José Luis Ábalos— en prisión provisional.

El Tribunal Supremo ha determinado su encarcelamiento, así como el del exministro de Transportes, argumentando un riesgo real de fuga. Los magistrados han evaluado la solidez de los indicios para adoptar la medida cautelar más contundente, endureciendo la retirada de pasaporte, prohibición de abandonar el territorio nacional y la comparecencia presencial en el juzgado cada 15 días.

Los informes de la UCO han sido la columna vertebral del caso, que han detallado cómo Koldo habría utilizado su posición como mano derecha de Ábalos, entonces ministro de Transportes, para facilitar y garantizar la adjudicación de contratos millonarios de emergencia a la empresa Soluciones de Gestión.

La UCO ha rastreado los beneficios económicos de esta operación, cifrando el margen de la trama en varios millones de euros en comisiones o 'mordidas' ilícitas, materializados en los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La Unidad Central Operativa no solo se ha limitado a los contratos del Ministerio de Transportes y sus organismos (como Puertos del Estado), sino que ha extendido el foco a adjudicaciones en administraciones socialistas como Baleares y Canarias.

Un desmesurado crecimiento patrimonial

Uno de los indicios aportados por la Guardia Civil es el desmesurado incremento patrimonial de Koldo y su círculo familiar más cercano. Los informes de la UCO señalan que el exasesor casi cuadruplicó sus ingresos en efectivo en el periodo 2020 y 2022, llegando a adquirir varios inmuebles en Benidorm cuyo valor total se aproximaría al millón y medio de euros. El hermano de Koldo, Joseba García, también ha sido señalado por la Fiscalía por actuar como intermediario.

Koldo tejió sus conexiones con la cúspide del PSOE. Por un lado, su relación personal y profesional con Ábalos, origen de todos los escándalos. El empresario Víctor de Aldama —para quien también Anticorrupción pide siete años de cárcel— es la tercera pata de la trama, como principal comisionista. El exasesor del Ábalos «manejó las fuentes ilegales de dinero en efectivo» del exministro de Transportes, que en ocasiones «se confundían» con los propios. Estas «relaciones personales» fueron consideradas por la Fiscalía como una oportunidad de «obtener un común beneficio económico», aprovechando «el cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno de España y también en el Partido Socialista».

El exasesor habría recibido pagos mensuales de 10.000 euros en efectivo, al menos, entre octubre de 2019 y julio de 2022, a veces «en presencia de José Luis Ábalos», ya que la cuantía estaba destinada para el reparto entre ambos. También medió en la contratación de la entonces pareja sentimental del exministro, Jéssica Rodríguez en Ineco, dependiente del ministerio de Fomento, y posteriormente en Tragsatec.

Las adjudicaciones de Cerdán y Servinabar

Por otro lado, Santos Cerdán: El también exsecretario de organización del PSOE —sucesor de Ábalos— ha sido directamente señalado por informes de la UCO. La Guardia Civil ha analizado la relación de Servinabar, la empresa de la que Cerdán era dueño al 45 % con Acciona Construcción, así como la de ambas con el exnúmero tres socialista y Koldo, ante la sospecha de que los contratos de obra pública que recibieron al aliarse en Unión Temporal de Empresas a cambio de comisiones. Estas implican a «su entorno familiar» —su mujer, Francisca Muñoz; su hermana, Belén; y su cuñado, Antonio Muñoz— como supuestos «beneficiarios de una parte del patrimonio de la mercantil» Servinabar.

Estos hicieron uso de la tarjeta de crédito a nombre de la empresa hasta el día antes de la detención de Koldo, ascendiendo los cargos totales asociados a 33.544 euros. Del mismo modo, se investiga si habría recibido pagos, de hasta 620.000 euros, procedentes de la empresa Acciona, la cual está al borde de la imputación.

La Guardia Civil ultima un nuevo informe en el que se detalla el aumento patrimonial del que se ha beneficiado tras relacionarse con la trama que investiga el Alto Tribunal.

Las conversaciones intervenidas por la UCO revelan la extensa red de contactos a los que Koldo grababa y que iban desde socios de Gobierno hasta empresarios y altos cargos. Tanto la presidenta del Congreso de los Diputados y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, como el ministro de Política Territorial y expresidente canario, Ángel Víctor Torres, se han visto salpicados por el contrato de mascarillas en sus regiones. En este último caso, las conversaciones grabadas por el exasesor de Ábalos evidenciaban una relación cercana.