El último pleno del año retrata a un Gobierno sobrepasado por el tsunami

El panel de votaciones del Congreso fue este jueves el espejo mágico del cuento de Blancanieves. Pedro Sánchez preguntó al espejito si puede seguir gobernando y éste le devolvió una imagen distorsionada de la realidad, como la que recibía la madrastra al principio del relato. El Ejecutivo sacó adelante la convalidación de tres reales decretos leyes (entre ellos el de la subida del sueldo a los funcionarios, con el voto favorable del PP) y la Ley de atención a la clientela en el último Pleno del año. También su reforma de la Ley de dependencia superó el primer trámite.

Puro espejismo, porque ni todo ello fue suficiente para enmascarar la segunda y definitiva derrota de la senda de estabilidad de María Jesús Montero, que no ha sido capaz de aprobar en el Parlamento unos objetivos de deuda y déficit desde 2022. Y mucho menos para tapar las detenciones y registros que los agentes estaban efectuando en tiempo real durante el Pleno de este jueves, el último hasta la segunda semana de febrero (salvo que en enero hubiese alguno extraordinario, que no está previsto). Como la madrastra, la realidad es mucho más fea.

«El sanchismo está siendo desarticulado ante toda España», afirmó el secretario general del PP, Miguel Tellado, que pidió a Sánchez que disuelva las Cortes de una vez y convoque elecciones. El presidente no se dejó ver en todo el día por la Carrera de San Jerónimo. El día antes pidió el voto telemático porque a las 16.45 horas participaba por videoconferencia desde la Moncloa en una reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania. Según la oposición, era solo un pretexto para huir.

El presidente no apareció y la vicepresidenta primera tardó seis horas en hacerlo, sabiendo como sabía María Jesús Montero que iba a ser la más buscada este jueves, dada la detención del expresidente de la SEPI Vicente Fernández. Su Vicente Fernández, el que fue el interventor general de la Junta cuando ella era consejera de Hacienda y al que se trajo a Madrid cuando fue nombrada ministra.

Montero no tenía nada en la agenda pública en toda la mañana, pero aun así llegó al Congreso a las tres de la tarde, cuando el Pleno llevaba seis horas en marcha. Y solo porque tenía que defender en la tribuna de oradores su senda de estabilidad, aunque fuera directa a la hoguera de Junts.

La mañana recordó a la que vivieron los socialistas en el Congreso hace solo medio año; aquel jueves 12 de junio en que se hizo público el informe Cerdán y las cámaras captaron al exsecretario de Organización del PSOE leyéndolo en su escaño, antes de ser destituido fulminantemente.

Aquel día los socialistas se quedaron mudos y, este jueves, también. Nadie quería ponerse delante del micrófono y aguantar el chaparrón: la detención de Leire Díez, del expresidente de la SEPI y de Antxón Alonso; el registro en la sede de Plus Ultra para investigar el rescate de 53 millones de euros del que la aerolínea se benefició; y los registros en varias empresas relacionadas con Servinabar, entre ellas Forestalia, que se sospecha que pudo ser beneficiada por el Ministerio para la Transición Ecológica de la ahora vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera. La UCO también entró en el piso de la calle Diego de León en el que, presuntamente, Leire Díez se reunía con empresarios relacionados con la trama.

Mientras todo eso pasada, durante el debate del real decreto ley de la subida del sueldo a los funcionarios, el diputado del PSOE José Luis Acebes tuvo la poca pericia de recriminarle a un parlamentario de Vox que había intervenido previamente: «Ustedes defienden claramente que con lo público algunos saquen tajada». Llegó el turno del diputado del PP Ángel Ibáñez y entró a matar: «Señor Acebes, que suba aquí para criticar a otros grupos de querer sacar tajada de lo público con la que está cayendo en el PSOE es poesía ¿eh?».

El Pleno también dejó la imagen de los socios del Gobierno silbando. El diputado de Sumar Enrique Santiago defendió ante los periodistas que sigue habiendo «bastantes más» casos de corrupción que afectan a «PP y Vox» que los del PSOE. Y reiteró que su línea roja sigue siendo la financiación ilegal del PSOE, precisamente cuando se cumple el plazo dado por la Audiencia Nacional al partido para que documente todos sus pagos en efectivo entre 2017 y 2024.

También dejó la imagen del escaño de José Luis Ábalos vacío. El exministro no puedo votar por primera vez, puesto que un día antes el Tribunal Supremo confirmó su procesamiento y la Mesa del Congreso procedió a suspenderle de sus derechos y deberes como diputado.

Y mientras todo eso pasaba, Junts presumía de hacer de Sánchez lo que quiere. «Mantener una posición y forzar hasta el límite al PSOE da resultados, sirve para cambiar las cosas. El Gobierno español por fin se ha dado por enterado», se jactó el diputado Josep Pagès durante el debate del real decreto ley que el Ejecutivo aprobó la semana pasada como gesto de buena voluntad hacia Junts. Uno que incluye una transferencia pendiente, la autorización a los ayuntamientos y comunidades para gastar el superávit de 2024 y aplazamiento de un año en la entrada en vigor de Verifactu.