El PSOE agota el plazo de entrega de los pagos en efectivo y busca la fórmula para no incluir los anteriores a 2020

El pasado 3 de diciembre, el juez Ismael Moreno, instructor de la causa abierta sobre la presunta financiación irregular del PSOE en la Audiencia Nacional, contestaba a Ferraz que debían entregarse los justificantes de «todos» los pagos en efectivo, realizados por el partido entre los años 2017 y 2024, «con independencia de su destinatario». Es decir, sin excepción, para todos los militantes, simpatizantes, afiliados y cargos de la formación, incluyendo al propio Pedro Sánchez y a su equipo más directo, entre el que se encontraban dos de los principales investigados: el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García Izaguirre.

Para formalizar el trámite, el magistrado Moreno había habilitado, en un principio, un plazo máximo de 10 días hábiles que finalizaría este mismo jueves. De ser así, el Partido Socialista quedaría obligado a consignar en la AN el listado completo de las operaciones efectuadas en metálico, agotando el tiempo máximo para responder en sede judicial, con toda la información reclamada. Una fecha que, sin embargo, de acuerdo con algunos expertos consultados por El Debate, podría dilatarse algo más si para el cómputo de la misma los socialistas juegan con la «suspensión» del contador, «tras pedir al juez aclaración» sobre los recibos concretos que ya les había reclamado, en una primer intento, y con lo que habrían puesto en marcha el contador, desde cero, a partir de la segunda comunicación.

Si el juez se lo permite, será necesario esperar algunos días más para conocer el contenido de la documentación socialista en la que deberían aclararse los vacíos de «soporte documental» detectados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, durante las pesquisas patrimoniales de Koldo y Ábalos, correspondientes a algunos de los pagos efectuados en la cúpula socialista, a partir de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. Unos movimientos sobre los que no existió una vigilancia exhaustiva y que el propio ex gerente del PSOE, Mariano Moreno, hoy responsable de la empresa pública del Uranio (ENUSA) ocultó, en sede judicial, que en algunos casos fueron presuntamente abonados contra tickets falsos.

Ante semejante escenario no son pocas las voces que advierten de que los socialistas podrían alegar ante el juez Moreno que no han guardado copias de los mismos, anteriores a 2020, teniendo en cuenta que la obligación fiscal de las empresas, de acuerdo con la normativa de Hacienda, pasa por conservarlos solamente durante los cuatro años posteriores al ejercicio de aplicación.