La mayoría del TC a favor de validar la política de nombramientos afines de la Fiscalía en la era Delgado

En plena polémica por las declaraciones del presidente del Gobierno «convencido» de que tras la condena del ya ex fiscal general Álvaro García Ortiz y su inhabilitación para el puesto, el Constitucional anularía la sentencia dictada por la Sala Segunda del Supremo, el Pleno del TC debate, este miércoles, sobre la política de nombramientos a dedo, de fiscales afines, iniciada por Dolores Delgado y continuada por su sucesor en el cargo. En concreto, lo hará sobre el recurso planteado por el fiscal Eduardo Esteban contra la decisión del Alto Tribunal que anuló, en dos ocasiones, su designación fiscal de Sala coordinador de Menores.

Y, según ha podido avanzar El Debate, la mayoría de la Corte de Garantías, de signo izquierdista, apuesta por avalar la propuesta del magistrado Ramón Sáez, en la que se defiende la admisión del amparo. Lo que no sólo significará dar luz verde al ascenso de dicho fiscal a la primera categoría del escalafón de la Carrera, sino, además, confirmar las cuestionadas decisiones de la ex fiscal general Delgado, de la que se hizo eco su patrocinado García Ortiz, en materia de perfiles profesionales para ocupar los puestos más relevantes.

De hecho, y como ha venido denunciando este diario, durante su mandato, ambos colonizaron la cúpula de la Fiscalía con cerca de dos docenas de fiscales que habrían sido designados al margen de criterios de baremación objetivos -como el mérito o la antigüedad- y, en cambio, seleccionados por su adscripción a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que ambos fueron miembros y el propio García Ortiz, portavoz; o, en su caso, por su proximidad ideológica o afinidades personales al titular del Ministerio Público; o, por extensión, al Gobierno que lo confirmó hasta en dos ocasiones, manteniéndolo contra viento y marea hasta el fallo del Supremo que lo condenó por revelación de datos reservados de un particular.

En el asunto del fiscal Esteban, del que se ocupará el TC a lo largo de la mañana de hoy, cabe recordar que ya resultó admitido, por siete votos frente a cuatro, a través de un auto que tuvo, en contra a los magistrados del ala profesional del TC Ricardo Enríquez, José María Macías, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel. Una división que, casi con toda probabilidad podría replicarse en las próximas horas, generó dos pronunciamientos particulares discrepantes por parte de Espejel y Arnaldo.

Por aquel entonces, el quinto miembro del ala discrepante, el magistrado César Tolosa, se abstenía del asunto dado que había sido el presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal cuando desde la Sección Cuarta de la misma se dictaron las anulaciones de la designación del fiscal Esteban, por la anterior titular del Ministerio Público, Dolores Delgado.

Así las cosas y en lo que atañe a la propuesta fallida, en sedas oportunidades, de Delgado a favor de Esteban, el TC hará nuevamente uso de su mayoría aritmética para corregir, una vez más, la posición jurídica del Supremo. El argumento esgrimido por Sáez se centra en el hecho de que el puesto en discusión, para el que fue propuesto el fiscal rechazado, es uno de los que «la ley configura inequívocamente como discrecional».

Esto es, a través de la propuesta del magistrado Sáez, se confirmaría que el «sesgo» de preferencia del fiscal general del Estado para la elección de los miembros de la Institución, entra dentro del marco de «amplias funciones» que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) atribuye a los «órganos» directivos «directamente dependientes de él».

Lo que, en definitiva, será consagrar una suerte de carta blanca para que las designaciones de los futuros titulares del Ministerio Público «puedan quedar cuasi impunes a la posterior revisión judicial» en caso de discrepancias, advierten algunas voces consultadas por El Debate. «En lugar de reforzar los contrapesos» dentro de una institución «fuertemente jerarquizada» –que, como quedó acreditado en el caso de García Ortiz, condenado por «desviación de poder», no son «suficientes», entre otras, «en materia de elección de candidatos a los puestos más relevantes»– el TC «ayudará a consolidar la ausencia de estos», añaden.