El PSOE desactiva el enésimo ultimátum de Yolanda Díaz con una reunión de trámite

La Moncloa difundió ayer imágenes tomadas este mismo martes durante una reunión del Consejo de Política Exterior y otra del Consejo de Seguridad Nacional. Ambas presididas por Pedro Sánchez y, ambas, con presencia de Yolanda Díaz. A la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo no se la veía molesta. Al revés: a puerta cerrada, en varias de las fotografías aparecía sonriente. Y eso que fueron tomadas un día después de que el presidente replicara a su socia, ante toda España, que nada de remodelación en profundidad del Gobierno y que son lentejas. La reacción de Díaz fue borrarse de la copa de Navidad del Gobierno. Ella y los otros cuatro ministros de Sumar.

Es por cosas como ésas por las que el PSOE no se toma en serio los antepenultimátums, penultimátums y ultimátums del socio minoritario: porque siempre acaban en nada. Los socialistas enmarcan las advertencias que viene haciéndoles Sumar desde el pasado viernes en la necesidad de Díaz y los suyos de justificarse ante su electorado y que no parezca que tragan con carros y carretas; mientras Podemos se mueve con la libertad que le da no estar sentado en el Consejo de Ministros. Pero nadie en el ala del PSOE del Ejecutivo tiene dudas de que los ministros de Trabajo, Cultura, Sanidad, Derechos Sociales y Juventud e Infancia no se irán a ningún lado. Aunque ellos afirman que no van a estar de «palmeros». «No hemos venido aquí a calentar un sillón», señaló ayer la coportavoz de Movimiento Sumar, Lara Hernández.

El PSOE hizo este martes una mínima concesión a su socio de Gobierno al acceder a una reunión que, en realidad, forma parte del acuerdo de coalición que ambas partes suscribieron en octubre de 2023; cuando convinieron celebrar encuentros de seguimiento del pacto. Con pulla incluida del ministro Óscar Puente: «No sé si en la propuesta que hace la señora Díaz se incluyen los ministros de Sumar. No sé si también hay que remodelarlos a ellos», ironizó en TVE, desde donde rechazó los «sacrificios en el altar».

Curiosamente, cuando en junio el informe Cerdán de la UCO provocó un terremoto en el PSOE, Yolanda Díaz también pidió una reunión. Hubo dos, una entre Sánchez y ella y otra que lideraron María Jesús Montero y Félix Bolaños por una parte y Ernest Urtasun y Enrique Santiago por otra. Sumar propuso el fin de los aforamientos y que las empresas implicadas en tramas de corrupción no pudieran recibir contratos públicos. Sánchez incluyó esta última en el Plan de Lucha contra la Corrupción que el presidente presentó en julio en el Congreso y que el Consejo de Ministros aprobó a finales de agosto. Para ello, el Ejecutivo se comprometió a modificar el Código Penal para endurecer las penas y crear delitos nuevos contra la administración. Tres meses después, no ha dado un solo paso en ese sentido, ni tampoco al respecto de las otras 14 medidas que contenía ese plan.

Por entonces Díaz concedió una entrevista en la que puso la línea roja de Sumar en que aparezcan indicios de financiación ilegal en el PSOE. Pero justo después reculó. O, al menos, dudó en una entrevista en Onda Cero: «Hombre, imagínese. Pero lo que no tiene mucho sentido me va a permitir que... eh… que quien está limpio en el Gobierno, quien… yo es verdad que… que… eh… lo llevo como puedo ¿no? Pero, hombre, llevo cinco años y medio en el Gobierno, el 13 de enero cumpliré seis, me acuerdo cada día de mi toma de posesión, de lo que me hicieron hacer mi familia de coger, abrir la puerta de mi despacho y volver a salir recordando que esto es una cosa efímera», titubeó. Precisamente ayer, el PSOE entregó en la Audiencia Nacional la documentación requerida sobre sus pagos en efectivo entre 2017 y 2024, en unas diligencias abiertas por el juez Ismael Moreno para investigar posibles irregularidades en las cuentas del PSOE.

Este martes, los cuatro principales partidos de Sumar -Izquierda Unida, Más Madrid, Movimiento Sumar y Comuns- emitieron un comunicado en el que describían la «crisis de credibilidad y de confianza del PSOE» y se quejaban de la «inacción» y la «continuidad sin cambios» aplicada por Sánchez. En paralelo, otro integrante de Sumar, Chunta Aragonesista, amenazó con retirar su apoyo al Gobierno. Pero de forma virtual, porque su único diputado descartó abandonar el grupo parlamentario de Sumar. El movimiento de CHA tiene todo que ver con las elecciones en Aragón del 8 de febrero y no con otra cosa. Y otro miembro más, Compromís, ponía nombres y apellidos a los ministros del PSOE que han de abandonar el Gobierno: María Jesús Montero, Isabel Rodríguez y Óscar Puente; responsables de Hacienda, Vivienda y Transportes.

Más allá de la gesticulación, en el seno del Consejo de Ministros se libra un tira y afloja que determinará en qué situación queda Sumar al final de este año. Los de Díaz quieren que el Gobierno apruebe un real decreto ley que prorrogue tres años más la prohibición de subir el alquiler a los 300.000 contratos firmados en la pandemia y que vencen el 31 de diciembre (son cinco años). El PSOE se ha resistido hasta ahora. La vicepresidenta segunda necesita ganar alguna batalla, aunque le venga regalada.