Gobierno y Fiscalía trabajan para salvar al ex fiscal general García Ortiz: indulto parcial y rehabilitación

«Mucho ánimo», recomendaba la magistrada del Constitucional María Luisa Segoviano, al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante el acto de toma de posesión del cargo de sus sucesora, Teresa Peramato. Una sugerencia que levantaba todo tipo de comentarios dado que, con cierta probabilidad, Segoviano tendrá que decidir junto a sus compañeros del Pleno de la Corte de Garantías sobre el recurso de amparo que prepara el Gobierno contra la sentencia de García Ortiz.

El mismo día, minutos más tarde, y tras un efusivo saludo con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, instalado en una defensa cerrada de su actuación en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, era su sucesora Peramato la que manifestaba públicamente su «admiración, respeto y cariño» por el condenado. Y ello, pese a que la Inspección Fiscal, jerárquicamente dependiente de ella tendrá que decidir, en las próximas semana, si el fallo que apartó a García Ortiz de sus funciones, durante dos años, conlleva la pérdida permanente de la condición fiscal o si, por el contrario, y como defienden algunos, cabe una solución jurídica menos drástica.

Lo cierto es que desde que se conociese la imputación del ex titular del Ministerio Público, como autor único de la filtración y posterior difusión del contenido confidencial de un mail intercambiado por el abogado del empresario madrileño Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y su posterior procesamiento, desde el Ejecutivo siempre han defendido su inocencia, cerrando filas entorno a su actuación «para defender la verdad» y «desmentir un bulo». Un relato político que el propio presidente Pedro Sánchez llevó al extremo sosteniendo en una entrevista, días antes de conocerse el fallo de la Sala Segunda, cómo tras lo «visto» en el juicio, cabía «más aún» proclamar que había actuado conforme a la legalidad.

Por ello, no es de extrañar que, en los últimos días, y una vez declarada firme la resolución que ha apartado a García Ortiz de sus competencias, Moncloa haya puesto en marcha la maquinaria para perdonar la condena impuesta a García Ortiz por el Supremo, que en ningún caso le permitiría librarse del pago de la multa impuesta, y con ello neutralizar su posible expulsión de la Carrera. Un escenario en el que caben, al menos, tres opciones distintas.

Conde-Pumpido, al rescate

El primer peldaño que baraja Sánchez es activar a la Abogacía del Estado, defensa del ex fiscal general durante el procedimiento ante el Alto Tribunal, para que sea el Constitucional, una vez más, el que enmiende la resolución del Supremo. No en vano, Cándido Conde-Pumpido seguirá al frente del órgano –pese a que su mandato ya está agotado por jubilación pero sin visos de acuerdo entre PSOE y PP para su reemplazo– y dispuesto a salir al rescate del actual Gobierno en Sánchez en todas aquellas cuestiones que sea necesario para seguir acumulando méritos que le lleven a su ansiado retiro como vocal vitalicio del Consejo de Estado.

Sin embargo, son muchas las voces de juristas y expertos que apuntan a las dificultades con las que podría encontrarse Conde-Pumpido para arreglar el asunto, sin incurrir en un contorsionismo político evidente, del que ya hizo gala en revisiones como las de la sentencia del aborto, la eutanasia, la sentencia de los ERE de Andalucía o la de la propia amnistía. Y es que el Supremo cerraba las puertas a cualquier revisión de su pronunciamiento al condenarle en base al artículo 417.1 del Código Penal y pasando de puntillas por el asunto del borrado de datos de sus terminales y dispositivos, como una evidencia de su ya decretada culpabilidad.

Con el tipo penal utilizado «se dificulta la admisión de un futuro y eventual amparo» ante la Corte de Garantías, ya que la sentencia se ha planteado «como una estricta cuestión de valoración de la prueba presentada en el juicio» y, por lo tanto, «sin recorrido» sobre «vulneración de derechos fundamentales». «No debe olvidarse que el Tribunal Constitucional no es una última instancia judicial», apuntan sobre este tema varios juristas consultados por El Debate.

Un indulto parcial del Gobierno

De tal manera que, el Gobierno explora ya la posibilidad de aprobar un indulto parcial, con el que no podría librar a su ex fiscal general del pago de los 10.000 euros de indemnización a González Amador, que le fueron impuestos por el TS, pero sí le permitiría rebajar a un máximo de 6 meses los dos años de inhabilitación para el ejercicio del cargo, lo que a su vez impediría que perdiese su condición de fiscal de Carrera.

No en vano, fue el propio presidente de la Sala Segunda del Supremo y ponente de la sentencia condenatoria de García Ortiz, Andrés Martínez Arrieta, quien recordaba en el fallo que no es necesario ser fiscal para alcanzar la condición de máximo representare de la Institución. Una evidencia por la que «no nos corresponde dilucidar las consecuencias extraprocesales de la condena, que se mueven en otro plano; tan solo constatamos que penalmente esa extensión limitada a ese cargo nos parece proporcionada revelándose como excesiva su proyección a otros». Es decir, el Supremo dejaba en manos de la propia Fiscalía la responsabilidad de decidir si aparta, o no, de manera permanente a su ex máximo responsable del ejercicio de la profesión, en cualquiera de sus rangos.

La Inspección Fiscal ausente

A nivel administrativo, es decir interno, la competencia para decidir si la sentencia impuesta a García Ortiz conlleva su expulsión de la Carrera, corresponde a la Inspección Fiscal, dirigida por María Antonia Sanz Gaite, número 3 de la cúpula de Fortuny y quien ha trabajado mano a mano con el condenado desde que llegó al cargo. La misma que declaraba como testigo en el juicio del Supremo que la razón por la que no inició ningún expediente interno o disciplinario, diligencia informativa o actuación pre procesal para aclarar lo sucedido con el mail del novio de Díaz Ayuso, localizar el posible origen de la filtración o depurar responsabilidades al respecto, fue porque «no dio tiempo».

Sanz Gaite aseguraba en la Sala de vistas de lo Penal del Alto Tribunal que en tanto en cuanto ya se habían planteado acciones legales ante los tribunales para exigir respuestas sobre la comisión de un presunto delito, hubiese «carecido de sentido» arrancar con un «trámite» administrativo cuyos plazos, en todo caso, habrían ido siempre por detrás de las pesquisas judiciales.

Era la primera vez que se conocían, públicamente, las razones de la inacción de la Inspección de la Fiscalía sobre la grave revelación de datos confidenciales de un ciudadano particular con el que uno de sus miembros, el entonces fiscal Julián Salto exploraba la posibilidad de alcanzar un pacto de conformidad. De ahí los recelos con que sea Sanz Gaite, una vez recibido el auto de ejecución de la sentencia de García Ortiz, quien tendrá que pronunciarse, dentro de la Fiscalía, a favor o en contra de que el que fuera su jefe directo pierda o mantenga la posibilidad de ejercer como fiscal. Eso sí, nunca más general.